Alarma pasividad para combatir consumo de comida chatarra
Las cifras son escalofriantes no sólo por el daño que provocan sino por la indiferencia que hay en el seno familiar, como la responsabilidad que deben asumir las autoridades de Salud y Educación. Nos referimos a la información difundida por el Diario de Chiapas respecto al consumo excesivo de comida chatarra que continúa vendiéndose y consumiéndose en las escuelas del nivel básico.
En las primarias y secundarias de todo el país, incluido Chiapas, nos encontramos con miles de instituciones públicas y privadas donde la venta de chucherías es el principal negocio que tienen las directivas pues ello les representa la entrada de jugosos ingresos.
Oaxaca y Tabasco, son las únicas entidades que ya cuentan con una ley, y al menos otras ocho del país tienen en proceso la aprobación de negar la venta en el interior y fuera de los planteles educativos. Los resultados en las dos primeras aún son desconocidas, pero suponemos deben ser productivos para la salud de los niños y niñas.
En octubre del año pasado, quizás retomando el ejemplo de Oaxaca y Tabasco, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron la ley para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que prohíbe la venta de comida chatarra.
Para el caso de Chiapas el tema ya fue abordado y aprobado también el año pasado, por lo que lo mínimo que se esperaría es que para el próximo periodo ordinario algún legislador o legisladora tenga la osadía se presentar los resultados que se han obtenido con dicha iniciativa.
Si bien el Congreso de la Unión ordenó a la Secretaría de Educación Pública actualizar en un plazo no mayor a seis meses sus lineamientos y aplicarlos en miles de escuelas, las autoridades estatales y municipales deben adecuar sus leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en un plazo no mayor de dos años, lo que significa que por eso no se aplica, ya que estaría listo hasta finales de 2024.
Lo que se tiene registrado en el Congreso de Chiapas es que desde el 2022, la LXVIII Legislatura presentó una iniciativa que prohibía la venta de alimentos azucarados y en envasados en escuelas, pero a pesar de ello, no hay control de lo que se vende y se consume.
El problema es preocupante debido a la nueva investigación realizada por las organizaciones civiles integradas en El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, a través de la plataforma “Mi Escuela Saludable”, durante el ciclo escolar 2022-2023. El resultado es alarmante: Uno de cada dos niños o niñas podría desarrollar diabetes en un lapso de cinco años, prácticamente en el periodo en que están en el nivel primario.
Las cifras están a la vista: bebidas azucaradas se vendan en un 93 por ciento; el 98 por ciento de los negocios tienen comida chatarra; el 76 por ciento venden refrescos; sólo 2 de cada 10 estanquillos tienen acceso a frutas, verduras y bebedores funcionales, además de que sólo 1 de cada 10 venden semillas y cereales integrales; y lo peor, que en las mismas escuelas no operan comités que vigilen los buenos hábitos.
En el contexto de estos resultados, no sólo se refleja el bajo nivel de cultura de los padres de familia para ayudar a sus hijos a evitar el consumo de comida chatarra, sino que las autoridades no han aplicado como debe ser el reglamento vigente que obliga a las escuelas a la no venta de refrescos azucarados.
Cierto es que durante la pandemia este tema salió a relucir y fue cuando se obligó a las instituciones públicas, principalmente, a retirar los refrigeradores automáticos que contenían frituras y refrescos enlatados, otorgados por las compañías que producen dichos productos.
Sin embargo, la comercialización de éstos continúa en estanquillos controlados por la dirección de cada institución. Es decir, ni la Secretaría de Salud ni la de Educación se han tomado la molestia para, por lo menos, trabajar en coordinación y aplicar la Ley General de Salud que contempla la práctica de buenos hábitos alimenticios.
La sentencia está dicha: Si no transformamos los ambientes escolares en saludables no habrá forma de combatir a la obesidad infantil y sus consecuencias sociales y económicas. Si el gobierno federal no se preocupa por combatir este flagelo, muy pronto las estadísticas crecerán como espuma y eso repercutirá en los presupuestos de salud, pues cada vez se requerirán más servicios para paliar estas enfermedades.
Lo peor es que se cierran las posibilidades de tener una juventud sana, que tenga fuerzas para estudiar y seguir adelante pues está comprobado que la comida chatarra acelera el envejecimiento biológico.
