Altamirano, un caos; lanza amenazas contra corresponsal del Diario de Chiapas
Hay un refrán que dice que “muerto el perro se acabó la rabia” y este vaticinio histórico es justo lo que está sufriendo el pueblo de Altamirano, donde la tensión está al rojo vivo, tras la desestabilización que genera el grupo 14 de Agosto, bajo el mando del síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera.
La Secretaría de Gobierno tiene claro el panorama y no actúa, sobre todo, por los riesgos que implica el desencadenamiento de una desestabilización social. El panorama está más que claro. En este municipio no “pinta” la alcaldesa. Sin caer en las degradaciones o difamaciones que hoy en día están en boga, María García no tiene vela en el entierro. Es decir, su funcionamiento como alcaldesa deja mucho que desear, pues en realidad el problema clave se llama Montoya Oseguera.
Ya hace dos domingos, en un desplegado, habitantes de las 109 comunidades de la región norte tojolabal, barrios de la cabecera municipal y ejidatarios, detallaron la situación real que se vive y remarcaron que con el exilio del cabecilla del grupo 14 de Agosto, el cual es utilizado para blindar al Ayuntamiento, el problema se acabaría.
Esta postura se la hicieron saber a la LXVIII Legislatura local el 9 de noviembre. Los diputados y diputadas que integran la Comisión de Gobernación, así como la de Justicia, les informaron que la dimisión del síndico concejal es la ruta para la paz de Altamirano.
Lo tachan de violento, desestabilizador y lo acusan de ser el principal responsable de llevar a los indígenas a una guerra entre ellos mismos.
El problema no es poca cosa, más en este municipio que se ha caracterizado de ser sumamente violento. Con este pronunciamiento ni el Congreso ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría General de Gobierno pueden darse por no enterados.
Además, el Concejo Municipal simplemente no opera, no lo dejan trabajar. El municipio está enclavado en el caos, bajo la sombra del temor, de la incertidumbre y, principalmente, de las amenazas y presiones que ejerce la gente de Montoya Oseguera contra todo aquél que ha osado ir en contra de su política o simplemente porque no le gusta cómo se maneja el sentido de la información.
Y en este último punto nos detenemos un momento para hacer hincapié, como medio de comunicación que se ha caracterizado para darle voz a todos los protagonistas, que nuestra corresponsal en aquella zona norte, que abarca los municipios de Oxchuc, Ocosingo, Bachajón, Chilón, Soydi Rodríguez, ha sido objeto de amenazas de muerte por parte de la organización 14 de Agosto.
Es inconcebible que haya mentes perversas que sólo quieran que la cobertura de los acontecimientos noticiosos sea de su lado. Gabriel Montoya Oseguera es el principal sospechoso de las amenazas que ha recibido nuestra corresponsal, por ello desde este espacio responsabilizamos a él y a la organización 14 de Agosto, de lo que le pueda pasarle a nuestra compañera.
La denuncia no es de dientes para afuera. La corresponsal tiene las pruebas de los improperios y, agresiones que ha recibido por mensajes de texto y vía Messenger. La propia periodista ha hecho su denuncia en el municipio de Ocosingo, ante las autoridades competentes, pero éstas le dijeron que no es suficiente, que requieren más pruebas para poder iniciar una investigación.
No quisiéramos pensar que de este lado sean cómplices del atropello que pone en peligro la vida de Soydi y de su parentela. En algunos de los mensajes amenazantes le piden que “cuide bien a su familia y que no se ande metiendo en la boca del lobo”.
La querella es pública y con esto, quisiéramos creer que las autoridades municipales y estatales pondrán cartas en el asunto para investigar el procedimiento de las amenazas. Tan grave es la situación social que se vive en Altamirano, que los mismos compañeros periodistas de la zona, básicamente de Ocosingo, no han querido ir a la región de Altamirano para reportar la situación que prevalece actualmente.
Ojalá la dependencia que actúa de florero dentro de la Fiscalía y que supuestamente se aboca a investigar y defender al gremio periodístico, actúe a la voz de ya, además de que no estaría mal que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y su presidente, Juan José Zepeda Bermúdez, hagan algo para poner atención a esta clase de atropellos.
Lamentable lo que se registra en Altamirano, lamentable también que Montoya Oseguera permita este tipo de bajezas, pues no se concibe que se intimide de esta forma a la corresponsal, cuando ésta lo que ha hecho ha sido reportar la información sin sesgos, de uno u otro lado. Esperemos que la Fiscalía General del Estado actúe y pronto.
