Alcalde de Salto de Agua, en campaña, le exigen cumplir promesas
La política en tiempo de elecciones está como la temporada de huracanes o frentes fríos, ya está pronosticada, pero no se sabe que destino les depara a los protagonistas. Lo mismo le sucede a todo aquel alcalde, diputado, senador o funcionario de cualquiera de los tres niveles de gobierno que aspire a ocupar un puesto de representación popular, siempre andará en peligro de que le exhiban sus actos de corrupción que ha hecho en su función, o lo que es peor, hasta retenido para presionarlo a que cumpla lo que haya prometido.
En época de elecciones se incrementan los actos desestabilizadores, pero que en la mayoría de los casos hay mucha razón de por medio, pues resulta que la población intenta presionar a la autoridad, reteniéndolos para obligarlos a cumplir sus promesas de campaña.
Las comunidades indígenas y rurales de Chiapas, principalmente de la zona Norte y Altos, se caracterizan por ejercer esta práctica como medida de presión para que los alcaldes, principalmente, cumplan lo que prometieron con solemnidad años atrás.
Incluso, hoy está de boga que las leyes comunitarias llamadas por usos y costumbres se utilicen para cobrar estratosféricas cantidades de dinero cuando un descuidado conductor de alguna unidad automotora comete un error al manejar, así el incidente sea insignificante. Lo cobran a precio de ricos y no hay poder humano que impida esta afrenta a la dignidad, no porque se tenga que pagar, sino porque los derechos de los parroquianos son vulnerados y ahí nadie dice nada.
El caso más reciente fue la detención de media docena de integrantes de la Guardia Nacional, quienes por equivocación se desviaron hacia una comunidad en el municipio de Oxchuc. La población los detuvo y obligaron al gobierno a pagar varios millones de pesos por dejarlos en libertad, ya que habían invadido territorio prohibido.
Lamentablemente esta situación nos da la condición de convertirnos en un estado donde las garantías individuales se pueden violentar a la hora que sea y contra quien sea.
Si este panorama se traslada a las detenciones que los pobladores hacen contra sus gobernantes, pues a todas luces es reprobable, pero al mismo tiempo, se les da la razón cuando a quienes privan de su libertad es porque se burlaron de la inocencia o confianza que el ciudadano les confió.
En las demarcaciones municipales se registran a menudo estas prácticas, donde a los alcaldes se les olvida que prometieron obras a cambio de votos, donde el tiempo se encarga de recordarle a los políticos que alguna vez llegaron a equis poblado a rogar apoyo para cuando estén en el poder, apoyar con proyectos, vivienda comunitaria, becas, obra pública y toda clase de gestión que ayude a la población, pero lamentablemente se olvidan de que esto se haya cumplido.
Si no lo creen, que se le pregunte a Román Mena de la Cruz, alcalde de Salto de Agua que tiene metido a su municipio en la marginación y con una violencia desbordada, que ya es un caso de alerta para el gobierno de Chiapas que en estos momentos está analizando la verdadera situación que prevalece en este municipio enclavado en la zona montañosa del norte del estado.
A este alcalde hoy le están cobrando la factura de sus desatinos como gobernante municipal. En su locura de querer buscar la reelección, se le olvidó que ha hecho compromisos que nunca cumplió, pero lo que es peor, en todos estos años nunca regresó a las comunidades por lo menos para dar el saludo a sus habitantes y decirles que “gracias a ellos le ha ido muy bien”.
El miércoles pasado, junto con su tesorero Juan Henry Montejo Arcos, fue detenido por los pobladores de la comunidad “El Toro”. Con el cinismo que le caracteriza, tras varios años de ausencia, regresó a este poblado para pedir el apoyo para continuar en el cargo o en su caso, que le consideren poner a su alfil para que el “progreso” continúe.
La verdad es que no se midió en la burla y justo cuando daba su mensaje en la reunión que sostenía con los habitantes de “El Toro”, la gente optó por retenerlos y exigir un pago económico para liberarlos y, además, obligarlo a cumplir la construcción de un camino que se había comprometido ejecutar desde hace más de tres años.
El lunes, cuando pensaba que ya estaba todo en calma, el edil recibió la noticia de que a su tesorero Henry había vuelto a ser privado de su libertad, ahora por habitantes del ejido Arroyo Encanto, cuando este se encontraba circulando por la carretera federal kilómetro 199, tramo Palenque a Ocosingo a la altura del entronque al ejido América del mismo municipio.
El argumento es que el alcalde dejó en pausa la construcción de una introducción de drenaje, donde nunca llegó la tubería que serviría para concluir la obra. Lo justo es que el edil sea llamado a cuentas, y es en estos casos donde la intervención del Congreso del estado debería ser prioritaria para obligar a los alcaldes a cumplir.
Sin embargo, como este rubro no está regulado, seguirán los ajustes de cuentas, fomentando con ello el rezago social y la posible comisión de delitos.
