Violencia, la respuesta del alcalde de Salto de Agua a la libertad de expresión
No exageramos cuando advertimos que los alcaldes se creen los omnipotentes, que se les hace fácil agredir a los periodistas cuando estos están trabajando, dando a conocer los pormenores de los acontecimientos que se registren al momento.
Podrán gustar o no, pero como respuesta a lo que podría considerar un presidente municipal una violación a su privacidad la difusión de un hecho en vivo, no necesariamente tiene que ser con violencia, poniendo en peligro la vida de las personas que sólo ejercen su trabajo con las únicas armas que regularmente no gustan: una pluma, una libreta y las grabaciones en video o de audio.
Apenas el día de ayer, en este mismo espacio, dimos cuenta de cómo el alcalde de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, aduciendo la falta de memoria de su pueblo, se atrevió a ir a una comunidad para pedir el apoyo para poder reelegirse en el puesto. En respuesta, la población de la localidad El Toro, lo retuvo y lo obligó a firmar el compromiso que tiene de cumplir con la obra prometida hace ya más de tres años.
El munícipe, sin embargo, volvió a ser noticia desde la noche del martes, cuando fue exhibido a través de las redes sociales, sobre cómo ordenó a su gente sacar de un restaurante al periodista de Palenque, Erick Guzmán, cuando grababa una reunión entre el alcalde y unas personas originarias de Salto de Agua.
En la trasmisión en vivo que realizaba el comunicador, éste narra lo ilógico que significa que el alcalde atienda un hecho en un restaurante y esto fue lo que le molestó al funcionario municipal que ordenó a su gente sacarlo del lugar.
En el video de apenas 28 segundos, se logra ver y escuchar como el edil se dirige con palabras altisonantes para que sacaran a “ese verg…” y al instante una persona se abalanza sobre el comunicador, a quien le intentan arrebatar su equipo, aunque en el forcejeo éste les notifica que está en vivo trasmitiendo.
Como parte de este incidente, la situación se torna peligrosa para la seguridad personal del periodista y como medios de comunicación es imperiosa la necesidad de pedir al Congreso del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a la dependencia que dice defender a los que practican este oficio, que se aplique el desafuero para Román Mena y sea castigado conforme a derecho.
Las imágenes que el periodista hizo circular en las redes sociales se le ve golpeado, le quitaron su teléfono celular, dinero y lo grave del asunto es que se ordenó llevárselo a la comunidad Vicente Guerrero, supuestamente de donde era la gente que conversaba con el alcalde.
A estas alturas del pleno siglo XXI no es posible que los alcaldes o cualquier funcionario estatal, federal o municipal, utilice la violencia como método para resolver lo que no le gusta. En estas condiciones, el munícipe se vuelve un peligro para la vida del comunicador, por lo que insistimos, no debe permitirse estos atropellos a la libertad de prensa.
En Chiapas ya se tienen recientes ejemplos de brutalidad y muerte contra periodistas que no se quisieran se vuelvan a repetir. Ahí está el caso de Víctor Moisés Pérez Hernández, quien denunció que el presidente municipal de Huitiupán, por el partido Morena, Carlos Mario Montejo Urbina, lo golpeó y amenazó de muerte mientras se encontraba desayunando con su hija. El caso quedó impune pues no hubo investigación alguna de la parte oficial a la agresión, menos a los actos de corrupción y desvío de recursos que documentó el comunicador.
Otro caso fue el que sufrió el colaborador de esta casa editorial, cuando fue detenido de manera arbitraria por la pasada administración municipal de Pichucalco, tanto que hasta fue a parar a los separos de la Policía Municipal. Manuel Morales sufrió los embates de los elementos de seguridad del exalcalde Luis Miguel Pérez Ortiz, quienes amenazaron de muerte al reportero.
La labor de Mario Gómez, otro caso registrado en la zona norte, le valió que perdiera la vida a manos de sicarios en su natal Yajalón, en el 2018; o el asesinato de Fredy López Arévalo, en el 2021, en San Cristóbal de Las Casas. En ambos casos, las investigaciones se han quedado cortas para dar con los autores intelectuales de ambos crímenes.
Justo hace un par de semanas, durante las constantes manifestaciones de los normalistas de la Mactumactzá, un grupo intentó agredir la labor de varios de los reporteros que cubrían los desmanes que se realizaban frente a Palacio de Gobierno. De ello, a la fecha no hay ninguna investigación al respecto.
Si se deja pasar este tipo de hechos bochornosos, la situación dará pie a que sigan las injusticias y, principalmente, a pensar que las autoridades que se encargan de aplicar la ley, están de adorno, privilegiando a los que representan el poder.
