Talleres Gráficos busca doblegar a los órganos electorales
La difusión en varios medios de comunicación nacional sobre supuestos convenios que hicieron diversos estados del país con Talleres Gráficos de la Federación tiene ya un olor a tufo que deberán aclarar a la mayor brevedad algunos de los responsables titulares de los institutos electorales del país.
La encargada del IEPC Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez ha sido inmiscuida por informaciones que circulan en redes sociales, lo cual pone en entredicho su integridad como funcionaria electoral. No decimos que así sea, pero urge en todo caso, que se precise para despegar las dudas que ello genere.
El tema ha elevado las sospechas porque la directora de Talleres, Maribel Aguilera Chairez, sabedora de que no se tiene la capacidad de cumplir los compromisos de maquila, tiene nexos con la empresa “Gráficos Corona Je”, propiedad de Juan Estrada Hernández, la cual ya tiene varios antecedentes de incumplimientos en las entregas.
Derivado de la elección de 2021, el INE documentó que tanto Talleres Gráficos como dicha empresa particular resultaron inelegibles por los errores, incumplimientos y retrasos severos que registraron en sus entregas durante dicho año. Lo raro del asunto, y, es donde existen las sospechas, los organismos electorales afectados volvieron a convenir la impresión del material para este 2024.
Indudablemente que existe mucho dinero en estas operaciones, pero se imaginan que Talleres Gráficos imprima 300 millones de boletas. Una locura que no podría cumplir, pero justo en esta transacción se gesta la corrupción de la que desde ahora están poniendo en alerta se puede cometer.
Los involucrados y afectados por el “trabajo” que realizaría Talleres tiene un sesgo de conveniencia y de conflicto de interés, y donde los organismos electorales están conscientes de que ello así es pues la primera interrogante sería qué no hay instancias solventes y capaces de poder imprimir todo el material electoral que se utilizaría en las entidades.
En Chiapas, durante todos los procesos anteriores, existen empresas con la capacidad para realizar esta actividad. Además, no acaso la política prioritaria es que sea en los estados donde se queden los recursos y no se centraliza a un monopolio ya conocido, que además de agandallarse el trabajo institucional, lo han reportado por no cumplir las condiciones que conllevan los convenios asignados.
Sobre este caso, está el antecedente de que Miguel Antonio Meza Estrada, quien fuera secretario particular del ex presidente Ernesto Zedillo, fue denunciado por ocasionar un daño patrimonial de 367 millones de pesos en el otorgamiento de 23 contratos por la adquisición o maquila de libros de texto gratuitos en los años 1999 y 2000.
Ya en este gobierno, como director general de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos -del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2021-, pagó 463 millones de pesos, a través de 13 contratos a las empresas de Juan Estrada Hernández, motivo por el cual fue destituido.
Significa que esta supuesta relación mafiosa entre este personaje, dueño ahora de la empresa Gráficos Corona Je y la directora general de Talleres Gráficos de México, genera que se triangulen los convenios que está haciendo esta última institución con los presidentes y presidentas de los institutos electorales de los estados del país para la impresión de toda la papelería electoral.
La denuncia está sobre la mesa pues se ventiló que Chiapas realizó lo que llaman “un proceso simulado de estudio de mercado” para “determinar los precios vigentes para este tipo de documentos y materiales y tener una base cierta para que, de acuerdo a la legislación de adquisiciones aplicable al Estado de Chiapas, se lleven a cabo los procedimientos de adquisición de todos los bienes y servicios que se van a requerir para la debida realización de la Elección de Gubernatura, Diputadas y Diputados Locales, así como miembros de Ayuntamientos de la Entidad.
En relación a ello, Talleres Gráficos cotizó la cantidad de $70,000,000.00 millones de pesos, pero lo más delicado del caso es que documentan que personal del IEPC se reunió con Maribel Aguilera Chairez, directora de Talleres Gráficos y con Juan Estrada Hernández, dueño de Gráficos Corona.
Todo fuera normal si no estuviera impedida legalmente la empresa de Estrada para signar convenios. Ahora bien, a la publicación que salió en la edición de este lunes, el propio IEPC de Chiapas muestra que con fecha 22 de enero emitió la convocatoria IEPC/CAABMyCS/OA/LPN002/2024 relativo a la compra de material electoral para el proceso electoral local ordinario 2024, y con ello se echan para abajo todas las sospechas.
Insistimos, la política que se ha visto ha emprendido la directora general de Talleres Gráficos, en contubernio con su empresa consentida, busca presionar a las entidades participantes en las elecciones, a darles toda la maquila y ello afecta a las empresas locales, como las de Chiapas. De ahí que sea gratificante que la encargada del IEPC no se haya prestado a estas componendas, pues si de algo no queremos carecer, en estos tiempos de incredulidad y violencia, es perderle la confianza al órgano electoral.
