En caso Berriozábal, actitud de Tribunal bajo sospecha
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), aún con todas las evidencias en su poder de que Jorge Acero Gómez cometió fraude en las elecciones del dos de junio en el municipio de Berriozábal, y aun con la instrucción de la Sala Regional de Xalapa del Poder Electoral Judicial de la Federación, de revisar a fondo las pruebas presentadas por el partido que impugnó el triunfo, volvió a desechar las consideraciones y consideró como válido el triunfo.
Este resolutivo pone bajo sospecha la actuación de los magistrados que, en menos de 24 horas, “atendieron” la sugerencia del órgano electoral superior y desecharon cualquier insinuación de que haya sido una jornada fraudulenta en el municipio colindante con la capital Tuxtla Gutiérrez.
El proyecto, que regresó la Sala Superior de Xalapa, les pedía revisar el tema principal que era la injerencia a favor de los funcionarios de casilla que eran servidores públicos de primer nivel y empleados recomendados por el alcalde, para que lo apoyaran en la coacción del voto, según lo denunció el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Daniel Alejandro Torres Marroquín.
Sin embargo, el TEECH, a pesar de que “tiró” algunas casillas consideró que era insuficiente para negarle el triunfo de Jorge Acero. Lo incomprensible del asunto es que se restó importancia a la labor ventajosa que realizaron los funcionarios de casilla, también servidores públicos al servicio del alcalde en ese entonces con licencia y hoy electo, aunque todo hace suponer que la parte ofendida volverá a recurrir a la instancia federal para que sea ésta la que en definitiva dictamine si revoca el triunfo de Acero o lo valida.
Para el Tribunal Electoral las pruebas no fueron suficientes y hasta cierto punto, si se considera ello como justificante, está la calidad moral y ventajosa que utilizó Jorge Acero para acorralar a su contrincante.
Esto no significa nada para la autoridad, lo que representa o quiere decir entonces que cualquier candidato, siendo alcalde con licencia, puede ejercer presión, poner personal de su confianza, utilizar recursos del erario público y toda la serie de artimañas para ganarle al adversario, total que eso no es determinante para perder una elección impugnada.
La sospecha radica en que es la doble moral que se utiliza para ver las cosas. Por un lado, es insignificante los atropellos a las normas que dicta la ley electoral, pues pareciera que no son graves, y por otro, que no haya una sola observación contra el modus operandi del alcalde electo impugnado.
Todo hace suponer que la moral, el ser íntegro, el respetar las normas y el ser honesto y transparente no son parte de un juego limpio. Eso no entra en unos comicios donde se debe tener respeto por el rival, por el adversario.
Desde el momento en que se reconoce que se actúa con ventaja, con intereses de por medio, con acciones legaloides, el triunfo que se obtenga no es de hombres dignos e íntegros en toda la extensión de la palabra.
La ambición del poder, ese mal que ahoga y frustra el bien común, habría que desecharlo, pero si desde la instancia que debería protegerse estas calamidades se solapan, entonces estamos ante un estado de justicia recayente, sin futuro próspero, democrático.
La democracia no aguanta más atropellos y el caso de Berriozábal es un ejemplo de que las instituciones no están haciendo bien su chamba. Quizás haya razón en lo que se rumora de que el alcalde impugnado ha soltado mucha lana para seguir en el poder.
Dudamos que sea ese el camino, lo que hace falta es que estos vacíos interpretativos de la ley deberían ser modificados y de una vez por todas asentar que quien sea sorprendido haciendo una sola trampa se le relegue de la competencia. Sólo así entenderían que no hay necesidad de más pisoteadas al rival.
Por lo que respecta a la función de los medios de comunicación, en esta misma sección se dio a conocer el viernes pasado cada una de las maniobras que hizo Acero García para ganar en las casillas de manera ventajosa. Hoy el tema se regresará a la Sala Xalapa y será ahí donde se verá si aún existe transparencia y honestidad en el trabajo de los magistrados de un poder que ha sido duramente cuestionado no de ahora, sino a lo largo de su existencia.
