Patadas de ahogado, las de la SCJN
Lo único cierto en toda la controversia que existe entre los poderes Ejecutivo y Legislativo contra el casi inexistente Judicial es que el ciudadano, como siempre, es el que paga los platos rotos, el que queda desprotegido y a expensas de los berrinches de los de arriba, de los que ostentan el poder; de los que en el pasado luchaban a brazo partido con la población para exigir el respeto a los derechos humanos, a no más tráfico de influencias, a que se acabase la corrupción, a que predominara el humanismo, pero eso ya está en otro plano, en otra cancha, ya no son principios elementales de la Cuarta Transformación.
El miércoles el Senado de la República dio la estocada final a la democracia para convertir a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la Carta Magna rehén de lo que diga y mande el partido en el poder.
El impulso a las reformas dejadas planchadas por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador llevan el camino trazado. No hay vuelta de hoja a las indicaciones, que, por lo visto, se acatan al pie de la letra.
Ha sido tan fuerte el avasallamiento que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dado un paso al costado al no poder contener la embestida organizada desde el Congreso de la Unión, donde los morenistas y sus aliados tiene la mayoría calificada, o artificial como le llama la oposición, y con la cual hacen lo que les viene en gana, tanto que los ministros y ministras ya hicieron llegar su renuncia al Senado.
A pesar de que ya fijaron postura y deciden no participar en la elección de los juzgadores para el próximo año, la amenaza que ha caído sobre sus cabezas es que ahora corren el riesgo de que se irán sin gozar sus prestaciones que les contempla la Constitución. Le llaman haberes, que en castellanos significa, salarios, retribuciones o pagos que el Estado debe darles por haber cumplido con sus tareas laborales.
De nada sirvió que hayan decidido bajarse el salario a la mitad, los quieren de rodillas y en ese proceso se va. Los ministros hasta cierto punto disfrazaron su derrotada lucha al anunciar que el martes próximo votarían si echan abajo la llamada Reforma Judicial, pues saben que para dicho día ya no podrán hacer nada porque los efectos de las iniciativas impulsadas y aprobadas por Morena no respetarán los tiempos pasados en que se hayan impugnado o amparado.
Lo realmente importante es que pareciera que la sociedad mexicana no sabe que camina sobre calles y avenidas donde se ha regado pólvora que podría explotarles tan solo si intentan manifestarse y reprobar el contenido absoluto de imposición que “legitimó” el poder Legislativo.
La tensión e importancia de los ministros se visualiza en sus rostros, mientras que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sabe que toda la atención se centra sobre ella porque ha sido el Ejecutivo el que impulsó someter y prácticamente “desaparecer” a las cabezas del poder Judicial.
Debe entenderse que la elección popular de magistrados, jueces y ministros es al final, lo que menos importa y si en esta se invierte más dinero que en la contienda electoral presidencial, tampoco merece un desgrado. Lo central es mantener el control y ya casi se tiene, sólo falta que el desgaste termine por ablandar a los aguerridos trabajadores del Poder Judicial, que, contra todo pronóstico, fueron los que le han sacado canas a la presidenta Claudia, pues no se esperaban tanta resistencia.
Especialistas coinciden que esta del derrocamiento del Poder Judicial es “una purga en el sistema judicial que mina la independencia y trastoca la división de poderes”, bajo la idea de “democratizar” la justicia. Esta dura sentencia la dijo la abogada Josafat Cortez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El objetivo, dice el Ejecutivo, es limpiar la podredumbre al interior del Poder Judicial, aunque la realidad es tener el control de éste, que no sea el contrapeso que le revierta sus decisiones. Por todo ello, las patadas de ahogado de la oposición quedarán enmarcadas en la historia de México, pero esto de nada sirve si el ciudadano, el común y corriente, quedará desamparado cuando las decisiones a una querella no podrán ser debatidas en consenso, sino a expensas de lo que decida el “plural y democrático” comité de personalidades afines a la Cuarta Transformación.
