Editorial
La reciente prohibición de la venta de bebidas y alimentos con alto contenido calórico en las dependencias de gobierno del estado de Chiapas por parte de la LXIX Legislatura local, debe recibirse con aplausos por parte de la ciudadanía porque de su aplicación tiene que obtenerse resultados que disminuyan los efectos negativos y hasta mortales que se registran en las personas mayores de 18 años.
No hay que equivocarse cuando algunos dicen que es una medida excesiva o restrictiva porque quien consume productos chatarra son responsabilidad particular y porque ya no son unos niños. Sin embargo, más allá del debate que ello pueda generar, es necesario entenderla como parte de una política urgente, coherente y necesaria: la protección integral de la salud pública.
Chiapas no solo enfrenta un problema grave de obesidad y sobrepeso; lamentablemente, es referente nacional en indicadores negativos relacionados con la prevención y atención de estas enfermedades.
De acuerdo con datos oficiales, cuatro de cada diez personas en el estado presentan algún grado de sobrepeso, y lo más alarmante es el consumo desmedido de bebidas azucaradas, que se sitúa 32 veces por encima del promedio mundial. Estos datos no son meramente estadísticos; representan una emergencia de salud pública que compromete la calidad de vida, reduce la esperanza de vida y presiona al sistema de salud estatal.
En este contexto, prohibir la venta de productos chatarra y bebidas azucaradas dentro de las dependencias públicas no es una ocurrencia ni un gesto simbólico, sino una acción concreta para garantizar entornos saludables, al menos dentro de la esfera gubernamental. No se puede esperar que la ciudadanía adopte hábitos saludables si los mismos espacios del gobierno promueven el consumo de productos nocivos.
Además, hay que reconocer que en las oficinas hay de todo, menos productividad laboral y eso todo mundo lo sabe. Cierto que esta medida por sí sola no resolverá un problema tan complejo y estructural como el sobrepeso y la obesidad, pero representa un punto de partida sólido y congruente con una visión de salud preventiva, en lugar de reactiva.
Resulta lógico y necesario que el Estado no solo eduque y oriente sobre estilos de vida saludables, sino que también limite la exposición a productos ultraprocesados o como comúnmente conocemos: chatarra.
Además, el hecho de sancionar legalmente a quienes incumplan esta disposición no es un acto de autoritarismo, sino una señal clara de que la salud no es negociable, no tiene precio y no se discute, como bien señalaron las autoridades estatales. Se trata de establecer una coherencia entre el discurso de salud pública y la realidad cotidiana dentro del aparato gubernamental.
La instalación de máquinas expendedoras o expendios que promuevan bebidas energéticas, azucaradas o alimentos con alto contenido calórico va en contra del objetivo de crear entornos institucionales sanos y sostenibles. Por tanto, su eliminación es tanto una medida ética como una política pública sensata.
Ahora bien, esta medida debe ir acompañada de acciones más amplias: educación nutricional en escuelas, campañas permanentes de concientización, acceso a alimentos saludables y programas de activación física, especialmente en comunidades rurales donde el acceso a alimentos frescos es limitado. También se requiere vigilancia y regulación más estricta de la publicidad de productos ultraprocesados, especialmente la dirigida a niñas y niños.
En Chiapas, donde la desigualdad y la pobreza agravan aún más los factores de riesgo en salud, el camino hacia un entorno más sano es cuesta arriba, pero cualquier esfuerzo real por mejorar el bienestar de su población debe comenzar por las instituciones públicas. Dar el ejemplo desde el gobierno es, en este caso, un acto de responsabilidad, no de imposición.
Así pues, la medida no debe verse como una simple prohibición, sino como un paso necesario dentro de una estrategia integral de salud. La salud no puede seguir siendo un tema secundario. Hoy más que nunca, debe ocupar el centro de la agenda pública.
Se entiende que se perjudica en el salario de quienes son los proveedores, porque será un golpe tremendo para su economía, pero qué mejor que cambie sus productos chatarra por saludables como frutas, verduras o aguas frescas. Quien tenga hambre necesariamente tendrá que ir viendo la posibilidad de cambiar de giro de productos, con el tiempo lo agradecerá.
