Marco Alvarado/Diario de Chiapas
La comunidad académica del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), integrantes del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos, expresaron su rechazo al uso de la violencia para contener la movilidad de migrantes en el estado.
“Nos pronunciamos para sumarnos a las voces de denuncia por la situación que enfrentan miles de personas originarias de varios países; Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití, Venezuela, Cuba, entre otros, en la ciudad de Tapachula”.
Consideraron además que la falta de respuesta del gobierno mexicano profundizó el problema, porque al no atender los trámites migratorios ni las solicitudes de refugio, prolongan su estancia en Tapachula, y su permanencia en la ciudad se da en condiciones de extremas carencias de medios de subsistencia, falta de opciones laborales y de acceso a servicios básicos.
Al respecto, señalaron que la mayor parte de las personas que se han expresado movilizándose rumbo a otras ciudades mexicanas iniciaron sus trámites en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) o en el Instituto Nacional de Migración (INM), respetando las normas migratorias y cumpliendo todos los requisitos con el fin de contar con la documentación migratoria requerida en México. Pero, el periodo de su resolución se ha prolongado. Otras personas ya tienen respuesta positiva, es decir, se les ha reconocido la condición de refugio o de protección complementaria, pero no han podido obtener la Tarjeta de Residente Permanente que les corresponde. Frente a esta incertidumbre, sin respuesta a sus trámites y sin recursos, decidieron emprender su camino.
“Sus estrategias de salida masiva de la ciudad de Tapachula van más allá de una cuestión de voluntad: se trata de una movilidad forzada por las circunstancias que durante meses han estado viviendo, así como por la necesidad de garantizar su subsistencia y la de su familia”.
Enfatizaron su rechazo a la violencia perpetrada por la Guardia Nacional y el INM y por actos de estos servidores públicos que las personas migrantes denuncian, como quitarles sus pertenecías, romperles sus documentos, trasladarlas de forma arbitraria hacia otras ciudades y deportarlas por la frontera con Guatemala sin registros ni procedimientos claros.
Además, señalaron la necesidad de garantizar y agilizar los trámites migratorios y que se destraben los procesos de solicitudes de la condición de refugio y de regularización migratoria.
