Al cumplirse 28 años de la masacre de Acteal, la CNDH y organizaciones civiles recordaron a las 45 personas indígenas tsotsiles asesinadas
Marco Alvardo/ Diario de Chiapas
Lo que debió ser una jornada de oración por la paz, se convirtió, hace casi tres décadas, en uno de los episodios más oscuros del México moderno.
Al cumplirse 28 años de la masacre de Acteal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles recordaron a las 45 personas indígenas tsotsiles asesinadas, denunciando que, pese al tiempo transcurrido, la justicia plena sigue siendo una asignatura pendiente.
Eran las 11:00 de la mañana del 22 de diciembre de 1997. En la pequeña iglesia de madera de Acteal, integrantes de la organización pacifista “Las Abejas” buscaban refugio en la fe.
Sin embargo, la paz fue interrumpida por un grupo de aproximadamente 90 paramilitares de Chenalhó, equipados con armas de uso exclusivo del Ejército.
Durante siete horas, la violencia se ensañó contra civiles desarmados. El saldo fue desgarrador: 45 personas ejecutadas, entre ellas niñas, niños y mujeres, incluidas cuatro embarazadas, además de 26 personas que resultaron gravemente heridas.
A pesar de la magnitud del ataque, la omisión de las autoridades fue total. A solo 200 metros del lugar se encontraba un destacamento de la Policía de Seguridad Pública que no intervino. Aquella tarde, el reporte oficial del Estado fue una frase que hoy resuena con crueldad: “sin novedad”.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), estos 28 años representan una lucha constante contra un Estado que se resiste a reconocer los hechos como crímenes de lesa humanidad.
“Varios familiares han fallecido sin alcanzar justicia ni reconocimiento de responsabilidad. Es una herida abierta perpetrada por grupos paramilitares”, señaló la organización, haciendo un llamado enérgico a las autoridades actuales para “romper el pacto de impunidad” que ha protegido a los autores intelectuales del crimen.
Aunque en septiembre de 2020 el Estado mexicano ofreció una disculpa pública y firmó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconociendo su responsabilidad por omisión y falta de protección, para las comunidades víctimas este gesto es insuficiente si no se acompaña de una justicia penal que alcance a toda la cadena de mando.
