Ainer González / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció el allanamiento de sus oficinas centrales en Tapachula, el pasado 22 de marzo de 2026; hecho que de acuerdo a la organización constituye en un ataque más a su trabajo, ya que en menos de una semana se presentaron dos incidentes en contra sus instalaciones.
La organización dio a conocer que, este nuevo ingreso ilegal se orquestó el robo y vulneración de su espacio de trabajo, en un contexto que identifican como un intento directo de intimidación y de desarticulación de sus labores de defensa de derechos humanos en la región.
En ese sentido, el Centro responsabiliza de manera directa al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como a autoridades en materia de seguridad, al señalar que existía una denuncia previa interpuesta el 20 de marzo, junto con una solicitud expresa de resguardo que no fue atendida.
El Fray Matías indica que la omisión de dichas autoridades derivó en la repetición del ataque, al no establecerse medidas mínimas de protección pese a que el riesgo había sido advertido con antelación.
Ante este escenario, la organización anunció el cierre temporal de sus oficinas como medida de seguridad para quienes integran el Centro, decisión que, refiere, impacta directamente en la atención y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad en el Soconusco.
Asimismo, el organismo recuerda que mantiene 29 años de trabajo ininterrumpido, por lo que el cierre representa un hecho inédito que, expone, ocurre en un contexto de incapacidad institucional para garantizar condiciones básicas de seguridad.
En este contexto, el Centro advierte un riesgo inminente para la integridad de personas defensoras de derechos humanos en la región, al sostener que no existen garantías efectivas por parte del Estado para el ejercicio de su labor.
Por ello, el Fray Matías hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), para que realice una investigación diligente de los hechos y establezca medidas inmediatas de protección, mientras que al gobierno estatal y al Estado mexicano les exige garantizar condiciones de seguridad para la continuidad de su trabajo.
De tal forma, la organización demandó que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, se atienda de manera efectiva las solicitudes realizadas y establezca una ruta clara que permitan salvaguardar la integridad de quienes defienden derechos en el Soconusco.
