Ambulantes atiborran a Tuxtla por $120

Ainer González / Diario de Chiapas
Más de 100 pesos es la tarifa autorizada por la Coordinación General de Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para que comerciantes (ambulantes) informales puedan vender desde un lapicero hasta un electrodoméstico, en el centro de la capital chiapaneca.
Comerciantes agremiados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco-Tuxtla), denunciaron bajo el anonimato para evitar represalias, la impunidad y corrupción que hay detrás del ambulantaje local.
Los comerciantes formales manifestaron su molestia por la creciente ola de vendedores ambulantes en el primer y segundo cuadro del centro de Tuxtla Gutiérrez; vendedores informales que, tras el pago de un folio, tienen permitido comercializar lo que se les venga en gana.
Manifestaron que como empresarios con más de dos décadas de fomentar el empleo y formalizar la economía local, ven con preocupación como desde la Tesorería Municipal que encabeza Onécimo Méndez Nandayapa, se permita bajo el concepto de “ambulantaje provisional” que cientos de hombres, mujeres e inclusive menores de edad se apoderen de banquetas y parques públicos para vender productos de dudosa procedencia, o que promueven el pirataje.
Sin embargo, recalcaron que lo más grave es que instituciones públicas como la Coordinación General de Política Fiscal -que encabeza Efraín Díaz Tipa-, se preste a promover la ilegalidad y la informalidad laboral, bajo el concepto de “ambulantaje provisional”, cuando el ambulantaje ha sido el principal problema de los comerciantes establecidos en los últimos años.
Por lo anterior, denunciaron que es el coordinador General de Política Fiscal quien exige a los empleados del municipio denominados “fiscales municipales”, que cobren a cualquier persona que ostente vender sus productos y servicios por un monto de 120 pesos al día.
Por su parte, vendedoras de alimentos ambulantes en el primer cuadro de la ciudad mejor conocidas como “canasteras”, expusieron que los fiscales municipales del municipio capitalino mantienen una política de hostigamiento en contra de mujeres que comercializan verduras, frutas y granos; vendedoras que en su mayoría pagan por un derecho de piso para que no les quiten sus productos.
Además, las canasteras señalaron que, para poder vender en esta zona, sufraga mensualmente una cantidad de mil pesos a los fiscales municipales, para que los servidores públicos no le quiten sus mercancías.