Aprobación ciudadana en Tapachula y Tuxtla

Ainer González / Diario de Chiapas
Las y los tapachultecos, como las y los tuxtlecos, no confían en los actores de la administración pública municipal.
Durante marzo de 2023, el 49 por ciento de la población de 18 años y más consideró que se puede confiar en la presidenta de Tapachula, mientras que, el 54 por ciento de la población de 18 años y más consideró que se puede confiar en el presidente de Tuxtla Gutiérrez, esto en donde el promedio del nivel de confianza es de 66 por ciento, revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi.
De tal forma y de acuerdo a la ENSU, los habitantes de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez reprueban el trabajo desempeñado tanto por sus munícipes.
Sin embargo, el panorama nacional es otro, pues de acuerdo a los resultados de la Encuesta, durante marzo de 2023, el presidente de la República estaría reprobado, pues el 50.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que se puede confiar en el representante del Gobierno federal.
Asimismo, el Inegi apunta que en ambos municipios la percepción social sobre inseguridad pública no ha sido positiva ya que, en marzo de 2023 en marzo de 2023, el 82.1 por ciento de la población de 18 años y más en Tapachula consideró inseguro vivir en su ciudad, mientras que el 71.7 por ciento de la población de 18 años y más en Tuxtla consideró inseguro vivir en su ciudad.
Aunado a esto, la encuesta del Inegi señala que, los principales problemas de ambas ciudades –de acuerdo a lo que percibe la sociedad- son baches en avenidas con 76.7 por ciento de los encuestados que contestaron esto.
Asimismo, refiere que las y los ciudadanos de estas localidades que otros problemas graves en sus ciudades son las fallas y fugas en el suministro de agua potable con 56.6 por ciento, alumbrado público con 55 por ciento, y el tema de la inseguridad y delincuencia con 50. 2 por ciento.
Con respecto a conflictos y conductas antisociales, el organismo público expone que el 33.4 por ciento de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento, de manera directa, con familiares, vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades de gobierno, durante el primer trimestre de 2023, lo que representa un cambio estadísticamente significativo con respecto al porcentaje registrado en el cuarto trimestre de 2022, que fue de 36.1 por ciento.