A. Marroquín / Diario de Chiapas
Por tratarse de una acción violenta, inconstitucional e inmoral, la LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas está a un paso de sancionar y llevar a la cárcel a todos los alcaldes, síndicos y regidores que suplanten funciones por razones de género; a quienes hagan pasar a mujeres electas de un cargo por “Juanitas” o “Manuelitas”.
En conferencia de prensa, Adriana Bustamante Castellanos, diputada local de Morena, dio a conocer que, durante este mes, presentó junto a su homóloga Valeria Santiago Barrientos, la Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
Esta iniciativa, destacó, pretende castigar a servidores públicos del estado que vulneren, limiten, condicionen o suplanten el legítimo derecho de las mujeres a desempeñar el cargo por el que fueron electas.
“Consideramos que es una iniciativa muy importante que se debe de tomar en cuenta, porque lo que estamos pidiendo, es que todos los servidores públicos, de las autoridades estatales, municipales, organismos autónomos, miembros de partidos políticos, asociaciones políticas, aspirantes, candidatos y cualquier persona en general que tenga conocimiento de acciones u omisiones que constituyan violencia política contra las mujeres por razón de género, estén obligados a denunciar de tales conductas a la autoridad competente”, detalló.
Comentó que este trabajo se presenta tras el cúmulo de denuncias públicas y anónimas de mujeres que resultaron electas, pero que de forma violenta fueron usurpadas de sus funciones por esposos, padres o hermanos, que también ocupan un cargo, pero de menor relevancia.
“En esta LXVII Legislatura nos dimos a la tarea durante el año 2019, a platicar con todas estas mujeres que tuvieron un cargo de elección popular; presidentas, síndicas, regidoras, y que estuvimos revisando sus casos… y nos dimos cuenta que muchas de ellas eran usurpadas o suplantadas por personas ajenas a la elección popular, y que tomaban o toman decisiones en sus municipios”, refirió.
Esta situación, destacó Bustamante Castellanos, deja a las mujeres en incertidumbre política y en riesgo total para su persona, ya que el tema se ha normalizado en Chiapas y nadie atiende de forma eficaz el problema. “Las colocan a ellas en un alto riesgo, porque ellas al final de cuentas son quienes tienen la representación legal de los municipios”.
