Legisladoras impulsan cambios normativos para frenar prácticas inmobiliarias abusivas, ampliar el acceso a la vivienda y asegurar que los nuevos desarrollos incluyan servicios, áreas verdes y espacios comunitarios
Karla García / Diario de Chiapas
Legisladoras federales y estatales señalaron que México enfrenta un déficit cualitativo en vivienda, marcado por construcciones cada vez más pequeñas, servicios insuficientes y una profunda desigualdad entre zonas urbanas privilegiadas y colonias populares. Por ello, destacaron que se encuentran en marcha reformas que buscan garantizar viviendas dignas, accesibles y con mejores condiciones de habitabilidad.
La diputada federal Claudia Rivera Vivanco, secretaria de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, explicó que desde el Congreso de la Unión se impulsa un marco legal que reconozca plenamente el derecho a la vivienda digna y facilite el acceso más allá de quienes cotizan en sistemas formales.
“Estamos trabajando en una reforma que no solo reconoce el derecho a la vivienda adecuada, sino que establece mecanismos para que cualquier persona, incluso estudiantes, pueda acceder a ella”, señaló Rivera Vivanco.
Detalló que la normatividad aprobada recientemente incorpora criterios de desarrollo urbano, movilidad, acceso a servicios, áreas recreativas y sentido de pertenencia, aplicables tanto en zonas urbanas como rurales. También adelantó que se desarrollarán prototipos de vivienda según las características regionales —materiales, clima, diseño y necesidades comunitarias—, los cuales se integrarán en el paquete económico de 2026.
“En todo el país se están dando estos pasos, y Chiapas es uno de los estados más avanzados en su implementación”, afirmó.
Chiapas actualiza normas para fraccionamientos y nuevos desarrollos
Por su parte, la diputada local Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, informó que en la entidad se trabaja en reformas para regular fraccionamientos y garantizar que los nuevos desarrollos cumplan con estándares de espacio, servicios y áreas comunes.
Recordó que el Congreso estatal ha mantenido un trabajo coordinado con cámaras empresariales como Canadevi, así como con colegios de arquitectos, ingenieros y urbanistas, lo que permitió aprobar este año modificaciones a la Ley de Fraccionamientos.
“La clave es legislar en conjunto. No solo se trata de evitar viviendas mínimas para familias de bajos recursos; también debemos frenar prácticas como retirar o revender espacios que deberían destinarse a áreas comunes”, explicó Gómez Mendoza.
Ambas legisladoras coincidieron en que el objetivo es reducir la brecha entre los desarrollos exclusivos —que suelen contar con parques, áreas verdes y servicios completos— y las colonias populares, donde estos elementos son escasos o inexistentes.
Subrayaron que las reformas en curso buscan garantizar que la vivienda en México mantenga dimensiones adecuadas, considere espacios recreativos y responda a un enfoque de bienestar integral, evitando el hacinamiento y regulando prácticas inmobiliarias que afectan a las familias de menores ingresos.
