Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Congreso del estado de Chiapas aprobó una reforma al artículo 103 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
A partir de este ajuste normativo, la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPMG) se reconoce formalmente como una causa válida para anular de manera definitiva una elección.
La medida fue avalada por unanimidad de votos por el Pleno de la 69 legislatura durante el Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones.
El dictamen no solo contempla la invalidez de los comicios donde se detecten este tipo de agresiones, sino que impone restricciones inmediatas.
De acuerdo con lo aprobado, cualquier partido político, candidata o candidato que ejerza violencia política de género quedará automáticamente vetado para competir en la reposición del proceso electoral ordinario o extraordinario, independientemente de ser acreedor a las sanciones administrativas y legales correspondientes.
Dentro de la exposición de motivos, el Poder Legislativo reconoció que las mujeres que aspiran e ingresan a la vida pública enfrentan constantes ataques a su integridad física, personal y psicológica.
En el debate legislativo se subrayó que de manera sistemática se cuestiona y vulnera a las candidatas por el simple hecho de ser mujeres y no por la capacidad o desempeño en sus cargos, lo que socava de origen la equidad en la contienda.
Esta modificación legislativa responde a un escenario complejo. Datos del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) dan cuenta de un aumento constante en las quejas y denuncias formalizadas por VPMG en los municipios, donde entre 2020 y 2026 se han registrado más de 150 expedientes en contra de presuntos agresores.
Chiapas ha sido históricamente un territorio con retos particulares para el ejercicio libre de la política por parte de las mujeres, especialmente en municipios con sistemas normativos internos y en regiones con altos índices de violencia comunitaria.
En diversos procesos comiciales, alcaldesas, síndicas y regidoras electas o aspirantes han enfrentado desde amenazas, retención de dietas y despojo de funciones, hasta violencia física directas orientadas a forzar sus renuncias para ceder los espacios a varones.
