El reciente informe del Comité de la ONU contra la desaparición forzada muestra a esta entidad entre las cuatro que se mantienen en alerta por el incremento de infancias y mujeres desaparecidas durante la pandemia.
Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
La desaparición de mujeres en algunas entidades de México supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Campeche alcanza el 67 % y más del 60 % en Chiapas, Tabasco y Yucatán; en su mayoría casos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años.
De acuerdo con el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, esta tendencia se agudizó durante la pandemia del COVID-19 y señala que la delincuencia organizada se convirtió en el perpetrador central.
Las desapariciones tuvieron un incremento significativo en 2006, cuando Felipe Calderón ocupó la silla presidencial. En ese entonces afectaron mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años.
La alerta para Naciones Unidas surge porque hasta noviembre de 2021, entre el 2 % y el 6 % de casos de desaparición de personas fueron judicializados y solo se emitieron 36 sentencias a nivel nacional.
Este estudio se basa en la documentación realizada por la representación que visitó México en el último trimestre de 2021, pues la situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio nacional impera la impunidad casi absoluta y la revictimización.
En el caso de las desapariciones forzadas aún son cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal.
“La impunidad es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento; pone en peligro y causa zozobra a las víctimas”, dice la ONU.
En noviembre del año pasado, los representantes de ONU encabezaron reuniones con organizaciones, grupos, familiares de víctimas y autoridades de 31 entidades en el recorrido que hicieron por Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Ahora, en el estudio, el Comité menciona las desapariciones por la labor de defensores de los derechos humanos, las ocurridas en el contexto carcelario, así como las detenciones de personas migrantes en estaciones migratorias que son difundidas como “rescates humanitarios”, en los que reconocen la falta de información, lo que constituye desaparición forzada en virtud del artículo 2 de la Convención.
Según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 desaparecieron durante la visita del Comité.
Por ello señala la urgencia de implementar los puntos tratados en el informe, tanto para los casos que se iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente, debido a los reportes preocupantes de las personas entrevistadas por la ONU en cuanto a las duplicaciones, errores en los datos registrados o información incompleta y las dificultades existentes para solicitar correcciones o actualizaciones.
