Demandan modernización

Ainer González / Diario de Chiapas
Dos años y medio han transcurrido desde que el servicio de transporte público conocido como “Conejobus” dejó de operar, mismo tiempo en que la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Chiapas (SMyT), implementó el “plan emergente provisional”, el cual, todo parece indicar llegó para quedarse.
En total son 60 unidades tipo Urvan las que operan las rutas A y B (1 y 2), de oriente a poniente y de norte a sur de Tuxtla Gutiérrez, y aunque la dependencia de transporte ha dado a conocer las estrategias de modernización, han transcurrido 30 meses y éste no se ha visto.
En tanto, usuarios continúan demandando un mejor servicio, no sólo piden mayor seguridad, piden que las unidades que presten el servicio sean más grandes, toda vez que la demanda de usuarios es mucho mayor a la capacidad de vehículos.
“Carecen de unidades o tendrían que ser unidades más grandes porque la gente va parada, todos llevamos prisa, no alcanza”.
“Hay muy pocas, por eso nos tardamos en salir a la casa para comprar el mandado”.
“Nos ha pasado que tenemos cita en el seguro, vamos al libramiento norte, llena, llena”, lamentaron usuarios de la ruta A y B de Tuxtla, es decir, de la ruta 1 y 2.
Tras la puesta en marcha de las rutas: A y B del transporte público colectivo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por la disipación de las rutas 1 y 2 —del “Conejobus”—, transportistas concesionados de otras rutas han explotado y sacado provecho de lo que se presume es una expropiación de Estado, consideró Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, quien desde el 2020 ha acompañado legalmente a un grupo de concesionarias y concesionarios que han resultado agravados por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT).
El abogado chiapaneco recordó que el 4 de noviembre de 2020, el secretario de transporte dictó un acuerdo administrativo, en donde determinaba un plan emergente para prestar el servicio, pero en vez de dárselo a los socios transportistas que eran los concesionarios legítimos, se los dio a otros, como se puede observar en las calles.
En detrimento del patrimonio
Sin embargo, el litigante reconoció que dicha acción contrapuso los propios intereses del estado, ya que el titular de esta dependencia impuso un decreto arbitrario e ilegal.
“Esto fue un acto arbitrario e ilegal, y también en contra del propio Estado, porque si le hubiera dado a los transportistas no tendría necesidad de pagar ese subsidio de renta, por esa razón veo yo que el secretario de transporte hizo un acto ilegal… en detrimento del patrimonio del Estado pero nadie le dijo nada, supongo que está autorizado por alguna persona que pueda autorizarlo”, explicó.
Por lo anterior, Cruz Solís consideró que la Secretaría de Movilidad y Transporte ha sacado ventaja de dicha acción, ya que las rutas 1 y 2 son las más de mayor demanda en la capital, ya que solo en un día llegan a registrar una afluencia de más de 70 mil usuarios, por lo que, señaló que no hay concesionario transportista o tercero que las codic