Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de los Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, llamaron a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a deslindar las responsabilidades correspondientes a la detención de personas en movilidad tanto en espacios públicos como los pertenecientes a la sociedad civil.
El Colectivo denunció el operativo de detención de personas migrantes realizado por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entrada del albergue Jesús el Buen Pastor el pasado 30 de enero en Tapachula.
Califican esta acción como violatoria del artículo 76 de la Ley de Migración que señala que el INM no puede realizar visita de verificación migratoria en lugares donde se encuentran personas migrantes albergadas por organizaciones de la sociedad civil de personas que realizan actos humanitarios, de asistencia o de protección a personas migrantes.
“No se permiten verificaciones migratorias en estos espacios o en sus alrededores”, especifica.
Asimismo, señalaron la detención que realizan agentes del INM y de la Guardia Nacional a personas con cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el jueves 27 de enero en el parque Bicentenario de la misma ciudad fronteriza.
“Denunciamos los operativos realizados por uniformados en espacios públicos y de la sociedad civil. Exigimos al INM y GN el alto a los operativos de detención en albergues de la sociedad”.
Esta situación se da en las primeras semanas de 2022, con la intensificación de los operativos y retenes en las calles de Tapachula y ciudades fronterizas aledañas, donde activistas y defensores han documentado graves violaciones a los derechos humanos de las personas en movilidad por parte de autoridades federales.
