- En Z Digital, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Ana Laura Romero Basurto, destacó que bajo la consigna de “cero impunidad”, la Secretaría ha consolidado la plataforma Jaguar Evalúa.
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Bajo la consigna de “cero impunidad” y con el objetivo de erradicar los rastros de opacidad en la administración pública, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno ha consolidado la plataforma Jaguar Evalúa.
De acuerdo con la titular de la dependencia, Ana Laura Romero Basurto, esta herramienta se ha convertido en el eje central para auditar, en tiempo real, el manejo de los recursos públicos en la entidad.
A diferencia de los modelos tradicionales de auditoría que actúan tras el cierre del ejercicio fiscal, la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez ha sido tajante: vigilancia inmediata. Romero Basurto explicó que la plataforma recibe diariamente información de los nueve organismos con mayor carga presupuestal en el estado.
“Revisamos continuamente el gasto en sectores críticos como salud, infraestructura y protección civil. No esperamos al final del año; conocemos el uso actual de los recursos para prevenir desvíos”, afirmó la funcionaria.
Las dependencias del gabinete legal y ampliado están obligadas a alimentar el sistema con datos precisos sobre procesos de licitación pública, avances y costos de obras, y ejecución detallada del gasto corriente.
La efectividad de la plataforma no recae solo en el control interno, sino en la apertura hacia los chiapanecos. La secretaria destacó que la población ha adoptado con éxito las herramientas digitales para denunciar malas prácticas.
Actualmente, el gobierno mantiene activos canales directos como un ChatBot y una línea de atención telefónica (961 372 4119) operada por un call center especializado.
“Es una deuda con las y los chiapanecos entregar cuentas claras. La gente ha pedido que la corrupción deje de ser vista como algo común en la política, y hoy tienen las herramientas para avisarnos de cualquier anomalía”, señaló Romero Basurto.
La vigilancia patrimonial es el otro frente de esta estrategia. La Secretaría se encuentra trabajando para que este año más de 104 mil funcionarios públicos presenten en tiempo y forma su declaración de bienes, conflictos de interés y evolución patrimonial.
La advertencia es clara: la omisión tiene consecuencias. Romero Basurto recordó que, durante el periodo anterior, 50 funcionarios fueron cesados de sus cargos por incumplir con esta obligación de transparencia.
“No vamos a permitir ‘nuevos ricos’ en Chiapas. La decisión de este gobierno es que no hay compromisos para tapar las malas prácticas de nadie”, sentenció, reafirmando que la evolución patrimonial de cada servidor público será revisada bajo lupa.
