Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que en los últimos cinco años, a nivel nacional, hay más de 180 mil asesinados; se han registrado 63 masacres, diversos grupos de buscadores han localizado más de cinco mil fosas clandestinas y se estima que son unos 120 mil el número de personas desaparecidas.
Casos que no están siendo denunciados de manera aislada, como recientemente lo hizo el Centro Diocesano de los Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya en el caso de Chiapas, al hacer pública su preocupación por el aumento en la violencia que están padeciendo habitantes de diferentes municipios del estado.
De acuerdo con esta organización, el gobierno federal no actúa para rescatar a la población de un ambiente de zozobra, miedo y paralización social.
Esta situación de violencia en el estado también ha sido señalada por la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que ha pedido la presencia efectiva de los tres órdenes de gobierno para recuperar el control en poblaciones de las regiones Fronteriza, Altos y Selva.
De hecho, la administración de López Obrador ubicó a Chiapas en el lugar 31 de 32 en delitos de alto impacto, en la posición 25 de 32 en trata de personas, y en el número 26 en extorsión.
No obstante, organizaciones defensoras de los derechos humanos, agrupaciones religiosas, vídeos que circulan en las redes sociales y una serie de actos delictivos documentados en la prensa local, alertan de una crisis en aumento, con poblaciones en donde sus habitantes están enfrentando asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas y hostigamiento.
Ante este escenario, la administración federal se ha limitado a decir que hay una coordinación permanente entre las fuerzas de seguridad para garantizar la paz, además de atender las causas de la violencia a través de los programas sociales.
En cambio, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, alertó que muchos de los pueblos afectados son ahora “campos de batalla”.

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