Exigen reparación de daños

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Familiares de Adolfo Gómez Gómez, el hombre que fue acusado injustamente de encabezar una red de tráfico de menores y de haber secuestrado al niño Dylan, lograron, después de cinco años, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) firmara la recomendación 05/2025, en la que exigen la reparación de los daños ocasionados por el asesinato de Adolfo en el Centro de Reinserción Social número 5, de San Cristóbal de Las Casas.
María Hortensia, hija de Adolfo, dio a conocer este jueves que finalmente la CEDH dio un paso en favor de la memoria de su padre, al reconocer que las autoridades mintieron al acusarlo por delitos que nunca cometió, y que también fue mentira aquello de que eran una supuesta banda que comerciaba con menores desde San Cristóbal de Las Casas.
En 2020 el secuestro de un menor de nombre Dylan generó una intensa movilización policiaca, y especialmente de elementos de la Fiscalía General del estado quienes, supuestamente, habían logrado la desarticulación de una banda de traficantes.
Sin embargo, el caso dio un giro inesperado para las mismas autoridades, ya que Dylan nunca fue secuestrado por esta familia indígena, de hecho fue encontrado mes y medio después en el municipio de Cintalapa, a donde fue llevado por una mujer de 23 años, de nombre Margarita.
Con esto, se vino abajo la supuesta red de tráfico, ya que sólo se trataba de cuatro mujeres indígenas y sus hijos, 37 personas en total, por lo que también resultó falso el “rescate” de menores a los que tenían trabajando en contra de su voluntad.
María Hortensia dijo ayer que tanto ella como sus hermanas tienen la dignidad para ver de frente a las autoridades que los exhibieron y acusaron por delitos graves, y especialmente al recordar el daño que le hicieron a su padre:
“Mi padre era un hombre honrado, un hombre indígena, al que llevaron a la cárcel donde fue torturado y murió el 27 de julio de 2020”, hechos por los que ahora exigen una reparación total de daños, incluso, de ser posible, un reconocimiento público de que no había elementos para detener a este hombre, originario de la comunidad Chictón, en el municipio de Ixtapa.
Con esta recomendación se reconoce también que Adolfo fue extorsionado, torturado y asesinado en el Cereso número 5, agravios por los que actualmente están vinculados a proceso el exdirector y el exalcaide del penal, quienes trataron en estos años de reducir su pena, no obstante, el acompañamiento legal de la familia impidió que esto ocurriera.
El 15 de julio del año 2020, mientras trabajaba en la vía pública, Adolfo fue detenido, y horas después también su esposa Josefa Sánchez. Dos días después, el 17 de julio, la policía realizó el cateo de la casa de ellos y detuvo a dos de sus hijas, María Hortensia y Maribel, y a una nuera, Juana Montejo, además de que se llevaron a los 23 menores, quienes nunca estuvieron retenidos como se afirmó oficialmente, sino que eran nietos de Adolfo.