M de R/Diario de Chiapas
El Poder Judicial del Estado, además de garantizar la impartición de justicia, es una institución comprometida con la igualdad laboral y no discriminación, destacando por la inclusión a su plantilla laboral de sectores vulnerables y con alguna discapacidad o condición.
Esta sensibilidad, refrendada en el cumplimiento de la Norma 025, mediante la cual fue certificado el Poder Judicial del Estado, desde la administración del entonces magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, actual gobernador de Chiapas; evidencia el compromiso del Estado, pero además representa la esperanza para personas con discapacidades o alguna condición.
En este sentido, el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, ha manifestado su compromiso para que el Poder Judicial cuente con la infraestructura pública para sus trabajadores y trabajadoras, así como las y los usuarios de los servicios institucionales.
De la misma manera, las consejeras de Judicatura Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barbosa, pugnan por dar cumplimiento a esta política de inclusión y es que datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018 muestran una gran diferencia en la tasa de participación económica entre quienes no tienen discapacidad, con un 65.4 por ciento; mientras que en la población con discapacidad este indicador llega al 38.5 por ciento.
Es el caso de José Manuel Escalante Alquicira, un joven apasionado que estudió la licenciatura en Comunicación, en la Universidad Autónoma de Chiapas, recordado por docentes, compañeras y compañeros, por su entusiasmo y proactividad.
La vida laboral y personal de Chema, transcurría con mediana calma, cuando en un fatal hecho sufrió un accidente en la motocicleta que amaba y le servía lo mismo para trabajar, como para realizar sus actividades ordinarias.
Este accidente, que afectó su medula espinal, le arrancó el 90 por ciento de su movilidad; por lo que su vida dio un giro de 180 grados al tener que modificar su estilo de vida y depender del cuidado de su familia y de una silla de ruedas.
En un inicio, con limitada movilidad en sus manos, logró hacerse de un teléfono celular que se convirtió en su ventana con el mundo. Ahí conoció la política de inclusión laboral del Poder Judicial.
Se contactó a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Poder Judicial, presentó un examen y fue aceptado para iniciar un periodo de prueba en la institución.
Así, trabajó por un espacio de dos años, donde monitoreaba información, redactaba, auxiliaba con ediciones y otros trabajos propios de la Dirección.
Tiempo después, gracias al cumplimiento normativo del programa de la Dirección de Recursos Humanos, se generó la alta como trabajador de confianza para Chema, accediendo a un salario digno, prestaciones de Ley y el compromiso institucional para obtener una plaza definitiva, en tanto cumpla sus responsabilidades adquiridas.
