Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió una denuncia pública ante la continuidad de las agresiones, el despojo y el hostigamiento sistemático en contra de pueblos originarios e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).
De acuerdo con el organismo civil, estas acciones vulneran de manera profunda la vida comunitaria, la economía familiar y los procesos organizativos de los pueblos afectados.
Entre los casos más alarmantes documentados por el Frayba se encuentra la situación de 39 locatarias y locatarios del Mercado Tradicional “Dr. Belisario Domínguez”, en el municipio de Ocosingo. En este espacio, los comerciantes enfrentan el despojo de sus locales, el bloqueo de los accesos principales, la construcción de bardas diseñadas para impedirles el ingreso y el retiro arbitrario de sus mercancías, además de diversas formas de presión económica.
El centro defensor de derechos humanos señaló que estas acciones constituyen una abierta violación al derecho al trabajo y atentan directamente contra el sustento de decenas de familias.
Asimismo, advirtieron que este escenario profundiza las desigualdades estructurales e impacta con mayor severidad a las mujeres, quienes ven comprometido su acceso a derechos fundamentales como la salud, la alimentación y la vivienda digna.
Por otra parte, la violencia y la falta de consulta legal también golpean a la comunidad de San Francisco, en el municipio de Teopisca.
Sus habitantes denunciaron la amenaza inminente de destrucción de su territorio debido a la planeación de un proyecto carretero que afectaría de manera directa a 14 comunidades de la zona.
Los afectados exigen la suspensión inmediata de la obra, argumentando que la construcción de dicho tramo no cuenta con el consentimiento ni la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios.
En Chilón, específicamente en el ejido Jotolá, cinco familias cumplen ya seis meses en situación de desplazamiento forzado. Las víctimas fueron expulsadas de sus tierras mediante un operativo conjunto en el que participaron instituciones federales y locales, tales como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria, la Policía Estatal Preventiva y autoridades ejidales.
Ante este panorama, el Frayba subrayó que las familias desplazadas han mantenido en todo momento una postura de apertura al diálogo. Por ello, la organización civil hizo un llamado urgente y enérgico al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata y honesta, generando las condiciones necesarias que permitan alcanzar una solución pacífica, integral y respetuosa de los derechos humanos de todas las comunidades afectadas en la entidad.
