De aprobarse, las instituciones deberán ofertar plazas temporales o definitivas y reportarlas anualmente al Sistema DIF Estatal
Cinthia Ruiz / Diario de Chiapas
Con el objetivo de eliminar la brecha que históricamente ha excluido a las personas con discapacidad del servicio público, la diputada Luz María Castillo, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e Inclusión, presentó una iniciativa que obligaría a las dependencias estatales y municipales a reservar al menos el 1% de su plantilla laboral para este sector de la población.
De aprobarse, las instituciones deberán ofertar plazas temporales o definitivas y reportarlas anualmente al Sistema DIF Estatal.
La diputada mencionó, “el problema es la indiferencia, la discriminación sistemática y la exclusión.
Se emitirá un Certificado de Habilidades Laborales, documento que las dependencias deberán considerar al momento de la contratación. Además, las instituciones públicas estarán obligadas a entregar un informe anual que detalle el número de plazas disponibles, requisitos, escolaridad mínima y adaptaciones necesarias para garantizar inclusión real.
El proyecto establece un calendario de implementación: 2026 será el año de diagnóstico de plazas, mientras que en 2027 deberá iniciar la contratación formal, con los ajustes de accesibilidad financiados desde los presupuestos institucionales.
Castillo Moreno destacó que esta acción afirmativa permitirá a Chiapas alinearse con compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
