Cinthia Ruiz/ Diario de Chiapas
Garantizar los derechos de las mujeres indígenas no solo implica reconocerlos en la ley, sino asegurar que puedan comprenderlos en su propia lengua. Bajo esta premisa, diversas instituciones del Estado mexicano impulsan un esfuerzo clave para cerrar una de las brechas históricas más profundas: el acceso a la información jurídica en los pueblos originarios. Se trata del Taller para la traducción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres a las lenguas indígenas de México, una iniciativa que busca llevar el lenguaje de los derechos a los territorios donde, durante décadas, ha estado ausente.
El trabajo es coordinado por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de las Mujeres y la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, y reúne a hablantes y traductores de lenguas indígenas que participan activamente en la adaptación de un documento jurídico fundamental. No se trata de una traducción literal, sino de un proceso que incorpora acompañamiento legal y metodológico para asegurar que los conceptos jurídicos mantengan su sentido y sean culturalmente comprensibles.
La importancia de este ejercicio radica en que muchas mujeres indígenas enfrentan violencia, discriminación o exclusión sin conocer plenamente los derechos que las protegen, en gran parte porque la información oficial suele difundirse únicamente en español. Traducir la Cartilla implica reconocer que el idioma no debe ser un obstáculo para ejercer derechos, sino un puente que acerque la justicia a quienes históricamente han sido marginadas del sistema institucional.
Además, el taller fortalece las capacidades de las personas traductoras, dotándolas de herramientas teóricas y prácticas para abordar textos legales, un ámbito que tradicionalmente ha sido inaccesible en lenguas originarias. Este enfoque no solo amplía el alcance del documento, sino que contribuye a la construcción de una justicia con pertinencia cultural y enfoque de igualdad sustantiva.
Las instituciones participantes avanzan hacia un modelo de país donde los derechos de las mujeres no dependan del idioma que hablan ni del territorio que habitan. Llevar la información jurídica a las lenguas indígenas representa un paso concreto hacia una República más incluyente, donde las mujeres indígenas puedan reconocer, exigir y ejercer sus derechos en condiciones de mayor equidad.
