– Diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el acceso equitativo y sostenible al agua y al saneamiento en zonas rurales del país
Karla García / Diario de Chiapas
Diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el acceso equitativo y sostenible al agua y al saneamiento en zonas rurales del país hicieron un llamado urgente al Congreso de la Unión para que la nueva Ley General de Aguas incorpore de manera explícita el reconocimiento y fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua, así como un enfoque integral de derechos humanos.
Asi lo dio a conocer la organización internacional asentada en San Cristóbal de Las Casas, Cántaro Azul, el cual destacó, a través de un comunicado, que si bien la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo el pasado 9 de octubre representa una oportunidad histórica para avanzar en la garantía del derecho humano al agua, establecido en la Constitución desde 2012, el proceso legislativo debe realizarse con apertura, diálogo y la participación activa de las comunidades que históricamente han gestionado este recurso.
“Las comunidades rurales e indígenas han gestionado el agua de forma organizada, transparente y solidaria durante décadas. Es fundamental que esta nueva legislación reconozca e integre esa gestión comunitaria como un pilar de la política hídrica nacional”, manifestaron las organizaciones en un comunicado.
Entre los principales planteamientos al Congreso, las organizaciones solicitaron que se reconozca legalmente a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS) como prestadoras sociales del servicio público, no lucrativas, y que se les otorgue personalidad jurídica y patrimonio propio conforme a sus formas de organización y derecho a la libre determinación. Esta figura —explicaron— está legitimada en América Latina a través de la Confederación Latinoamericana de Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (CLOCSAS).
Asimismo, propusieron establecer esquemas flexibles de asignación de recursos públicos que respondan a las capacidades de cada comunidad, y garantizar su inclusión en espacios de gobernanza del agua, como los consejos de cuenca y los institutos de planeación. También pidieron crear mecanismos de asistencia técnica a los sistemas comunitarios, a fin de fortalecer su labor y asegurar la prestación de servicios con enfoque de derechos.
Otro punto central del pronunciamiento fue la protección frente a desplazamiento y criminalización. Las organizaciones exigieron que se prohíba cualquier acto administrativo o judicial que sustituya a los sistemas comunitarios por operadores externos sin consulta previa y consentimiento de las comunidades.
Las agrupaciones afirmaron que están dispuestas a aportar su experiencia en territorio y sus propuestas al proceso legislativo, además de pedir que las discusiones sobre la Ley General de Aguas se realicen a través de consultas ciudadanas genuinas y un parlamento abierto, para garantizar una participación real y efectiva de los actores sociales.
