La diputada del PAN Jovannie Ibarra Gallardo, afirmó que la reforma presenta vacíos jurídicos y carece de un análisis sobre su impacto administrativo y presupuestal. Asimismo, la legisladora sostuvo que el dictamen no precisa cómo se armonizarán los cambios con la CURP, el Registro Nacional de Población y otras disposiciones del Código Civil.
Ainer González / Marco Alvarado /Diario de Chiapas
En lo que activistas y defensores de derechos humanos calificaron como una jornada histórica, el Congreso de Chiapas aprobó este martes un paquete de reformas legales que reconocen, por primera vez en la entidad, el derecho a la identidad de género y garantizan la participación política de la comunidad LGBTIQ+.
La sesión ordinaria se convirtió en un reflejo de la pluralidad y el debate social, atrayendo a decenas de integrantes de la diversidad sexual, así como a representantes de distintas corrientes religiosas, quienes llenaron el recinto legislativo.
Tras intensos debates en tribuna donde se confrontaron posturas encontradas, el pleno aprobó por mayoría de votos la reforma al Código Civil local en materia de reconocimiento de identidad de género.
El debate dejó ver las distintas visiones que coexisten en el legislativo.
Por un lado, la diputada Jovannie Ibarra Gallardo se pronunció en contra argumentando la falta de “detalles técnicos”. Advirtió que el cambio de nombre y el reconocimiento de identidad tienen profundas implicaciones legales y cuestionó si era responsable modificar las funciones del Registro Civil sin prever con claridad las consecuencias jurídicas, llamando a buscar un equilibrio entre los derechos y las instituciones.
En la misma línea de rechazo, la diputada María Isabel Rodríguez Jiménez solicitó formalmente que se realizaran consultas ciudadanas para determinar si la población considera prioritario este tema frente a otros asuntos de la agenda pública.
En contraparte, las legisladoras impulsoras de la iniciativa defendieron la reforma como un acto de justicia social.
La diputada Getsemaní Moreno Martínez precisó que la modificación establece un trámite administrativo sencillo, confidencial y libre de requisitos discriminatorios que protege el libre desarrollo de la personalidad.
Asimismo, aclaró que esta medida no extingue ni modifica las obligaciones legales, civiles o patrimoniales que las personas hayan adquirido previamente.
Por su parte, la diputada Andrea Negrón respaldó la votación señalando que se trata de una respuesta del Estado mexicano a décadas de lucha activista por el derecho a la identidad.
Negrón enfatizó que, si bien la democracia permite la diversidad de opiniones, ningún credo e ideología puede justificar la discriminación o el odio.
Al final de la discusión, los legisladores argumentaron que esta reforma no crea privilegios, sino que otorga certeza jurídica y reconoce derechos fundamentales como la dignidad humana, la igualdad, la privacidad y la no discriminación.
El Pleno también aprobó modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Chiapas para implementar acciones afirmativas que aseguren la representación política de la diversidad sexual.
Ambos dictámenes alcanzaron la mayoría necesaria para ser declarados constitucionalmente reconocidos en el estado, registrando únicamente dos y tres votos en contra e igual número de abstenciones en cada votación.
Al declararse la validez de las reformas, el Congreso estalló en vítores y aplausos, mientras integrantes de la comunidad LGBTIQ+ ondeaban sus banderas para celebrar un avance legislativo que consideran un paso crucial para revertir décadas de marginación.
Votan contra Ley
de Identidad de Género
El Partido Acción Nacional (PAN) fijó su postura en contra de la reforma al Código Civil que reconoce el derecho a la identidad de género en Chiapas, al considerar que el dictamen presenta vacíos jurídicos y carece de los elementos técnicos necesarios para garantizar su correcta aplicación.
Durante la discusión del proyecto en el Pleno del Congreso del Estado, la diputada local del blanquiazul, Jovannie Ibarra Gallardo señaló que el debate no gira en torno al reconocimiento de derechos, sino a la responsabilidad del Poder Legislativo de construir leyes que otorguen certeza jurídica y mantengan la armonía del marco normativo.
En ese sentido, sostuvo que el dictamen no incorpora un estudio de impacto presupuestal ni explica la forma en que se coordinarán las modificaciones con el Registro Nacional de Población, la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Civil y otras disposiciones vigentes del propio Código Civil.
La legisladora panista advirtió que estas omisiones podrían generar incertidumbre jurídica y afectar la función del Registro Civil como institución encargada de dar certeza sobre el estado civil y la identidad legal de las personas.
Asimismo, manifestó preocupación por las implicaciones que tendría mantener bajo reserva el acta de nacimiento original, al señalar que la reforma no establece mecanismos claros para resolver posibles conflictos en materia familiar, patrimonial, sucesoria o judicial, ni para garantizar la trazabilidad de los antecedentes registrales.
Durante su posicionamiento, también cuestionó que el dictamen no precise cómo se protegerá la continuidad de las políticas públicas dirigidas a las mujeres ni las posibles repercusiones que podría generar para niñas, niños y adolescentes, por lo que consideró necesario legislar con mayor rigor técnico.
Finalmente, Ibarra Gallardo señaló que cualquier modificación al Código Civil debe considerar la diversidad social y cultural de Chiapas, incluyendo a los pueblos indígenas, y reiteró que el PAN reconoce la dignidad de todas las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, afirmó que esos derechos deben traducirse en leyes “técnicamente sólidas, constitucionalmente armónicas y socialmente responsables”, motivo por el cual anunció el voto en contra de la iniciativa.
