Marco Alvarado/Diario de Chiapas
Por segunda ocasión fue rechazada la idea de cobrar un derecho por tener alumbrado público en Tuxtla Gutiérrez, idea que la administración de Carlos Morales Vázquez ha tenido desde el primer trienio.
Esta vez, por acuerdo de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal, quedó eliminada, con base en sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideran este impuesto inconstitucional.
A partir de esto, los integrantes de la Comisión de Hacienda derogaron el capítulo IX de la Ley de Ingresos municipales, para el ejercicio fiscal del año 2022, relativo a la creación de un derecho de alumbrado público para la capital de Chiapas, mediante el cual se pretendía, por segunda ocasión, imponer un cobro.
Así en el presupuesto del ejercicio fiscal para el año 2022, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez no podrá imponer ninguna cuota o porcentaje a los propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos ubicados dentro de la circunscripción territorial que ocupa el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
En mayo de 2019 la administración municipal había pretendido lo mismo, argumentando la falta de capacidad financiera para mejorar el servicio.
Tenían previsto que, de lograr la aprobación de los diputados, este cobro sería aplicable para miles de usuarios de al menos once tipos de tarifas del servicio de energía eléctrica, entre ellos la doméstica de baja tensión; pequeña y gran demanda de baja tensión.
Con este cobro el gobierno pretendía “pasar charola”, aunque públicamente presume de que la eficiencia financiera les ha permitido iluminar las calles de la ciudad, así que nuevamente la idea quedará guardada, hasta que intenten revivirla en 2023.
