– La Semarnat señaló que, de 1980 hasta el 2003se habían perdido aproximadamente dos mil 944 hectáreas, debido a más de 90 colonias asentadas en los alrededores del Cañón
Ainer González / Diario de Chiapas
La necesidad entre la población chiapaneca por tener una vivienda y el encarecimiento de las mismas orilló a que miles de familias buscaran zonas —ya sea— de riesgo o lugares no permitidos para edificar sus viviendas.
Una prueba de ello, las más de 90 colonias al margen del Cañón del Sumidero.
“Casi más de 30 años la colonia y está en proceso de escrituración… Por el decreto del parque tiene afectada a más de 90 colonias”, señaló Gerardo Hernández, habitante de Colonia Aledaña Al Cañón Del Sumidero.
Los asentamientos irregulares han superado los límites de las oficinas gubernamentales encargadas de preservar el Área Protegida del Cañón del Sumidero, a pesar de haberse creado un nuevo polígono de desincorporación.
“Ya está enmarcada la línea divisoria del parque, se tiene un polígono específico; las colonias que están afuera están en proceso de escrituración”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que, de 1980 hasta el 2003 habían perdido aproximadamente dos mil 944 hectáreas, debido a las 91 colonias (históricas) asentadas en los alrededores del Cañón.
El Ayuntamiento Capitalino en la administración 2021-2024 reconoció que, en el área de la ladera sur del Cañón del Sumidero hacia el norte de la ciudad, la distribución de la habitabilidad urbana presenta un comportamiento de muy baja hasta alta en las zonas que se ubican en asentamientos creados solo en la última década.
En la zona sur de la ciudad, el grado de habitabilidad es muy alto, lo que también ha ocasionado tala de árboles, obstrucción de afluentes, pérdida de áreas verdes y mala imagen urbana.
En esta zona en específico, la población sufre los estragos, denunciando que fueron autoridades municipales las que, años atrás, permitieron asentamientos irregulares, o bien, nunca hubo una vigilancia en la construcción de algunas viviendas.
Un comentario
Es importante conocer que según Resolución Presidencial de fecha 31 de Enero de 1940, una gran parte de estos terrenos son propiedad social de ejidatarios, tierras de usó común del ejido Francisco I. Madero y que existe controversia a quien corresponde dicha área ya que según CONANP y PROFEPA fueron afectadas por Decreto Expropiatorio de fecha 08 de Diciembre de 1980, para conformar la Reserva del Cañón del Sumidero, sin indemnizar al ejido por la supuesta afectación del mismo, ni la entonces Secretaria de Reforma Agraria delimitó el área afectada, por éste, por lo que no pago indemnización alguna, por no estar inscrito el Decreto en el RAN, ni ubicada la supuesta área afectada, sin embargo los ejidatarios no han solicitado su restitución de sus tierras ante Tribunales Agrarios o impugnación por un Decreto mal integrado, ante falta de asesoria de oficio de la Procuraduría Agraria, y ante tal desconocimiento los ejidatarios y Visitador Agrario de PA, ejecutaron el PROCEDE (programa de certificación y ratificación de linderos) en 1994 en apego a la Ley Agraria, expidiendo el Registro Agrario Nacional, su Carpeta Agraria al ejido con planos definitivos y certificados de uso común para cada ejidatarios, es decir fortalecieron su aspecto jurídico de que son terrenos ejidales que le pertenece al núcleo agrario, aclarando que los ejidatarios y avecindados reconocidos en el RAN, han tenido en posesión y explotado sus tierras, conociendo estos que desde 1992, el reparto agrario concluyó y sus tierras valen. Peor aún, presuntamente existe un proyecto de Decreto Modificatorio para correr linderos del área de afectación del Cañón y entregar la propiedad social al INSUS por considerarla área federal, sin indemnizar al ejido. Cuando nunca impugnaron el proceso de certificación desarrollado con el programa PROCEDE donde participo la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Secretaria de la Reforma Agraria y Notaría Publica para certificación, recuerden que están los Tribunales Agrarios, así de facil no va afectar derechos de ejidatarios quitando Planos y certificados de usó común emitidos por el Registro Agrario Nacional y entregando la tierra a invasores con supuesto apoyo de INSUS, según proyecto del Decreto Modificatorio, deben respetar la propiedad social.