Denuncian al alcalde y a las autoridades ejidales por violación a derechos humanos; cortan agua, luz y drenaje a familias; acusan abuso de poder, extorsiones y multas excesivas
Karla García / Diario de Chiapas
Habitantes del poblado Nuevo San Miguel Mitontic, municipio de Ixtapa denunciaron a autoridades ejidales por ejercer abuso de poder al cortarles el suministro de agua, luz y drenaje, que representa una clara violación de derechos humanos.
Tomás Méndez Méndez, representante de 25 familias afectadas, explicó que la situación se originó por la limpieza de un terreno de propiedad particular para construir una iglesia y aulas educativas, del cual primero derivaron en multas económicas de miles de pesos y terminó en el corte de los servicios básicos
relató que el conflicto inició el 15 de septiembre de 2024, cuando, con autorización del pastor Manuel, propietario de un predio colindante, realizaron labores de limpieza en el terreno. Posteriormente, autoridades ejidales los habrían sancionado con multas económicas que, aseguró, fueron incrementándose sin sustento legal.
Detalló que inicialmente el pastor fue multado con 15 mil pesos por permitir la limpieza, y posteriormente los pobladores con ocho mil pesos más, sumando 23 mil pesos que fueron cubiertos con la intención de frenar el conflicto. Sin embargo, afirmó que tiempo después las autoridades les impusieron una nueva sanción de 30 mil pesos por señalar presuntas injusticias, multa que se habría replicado contra 25 familias.
“Nos dijeron que si no se pagaba la multa nos iban a cortar el agua, la luz y el drenaje, y que nos iban a despojar. Y ahorita ya están cumpliendo: ya cortaron el agua, ya cortaron la luz. Estamos así desde el 29 de diciembre, con niños, adultos mayores y mujeres”, declaró.
Méndez Méndez señaló que, además de las multas, el predio en disputa fue cercado y presuntamente despojado, pese a que, aseguró, existen documentos que acreditan la propiedad del pastor Manuel desde hace 28 años. Agregó que incluso se le estaría exigiendo más de un millón de dólares para “cederle” el terreno.
Indicó que las autoridades señaladas son el comisariado ejidal Agustín Pérez Pérez; el integrante del Consejo de Vigilancia, Enrique Rodríguez Hernández; y el suplente de juez, Roberto Velasco Gómez, a quienes responsabilizó de encabezar las acciones contra las familias.
El denunciante sostuvo que han acudido en repetidas ocasiones al ayuntamiento de Ixtapa, así como a instancias de derechos humanos, asuntos agrarios, asuntos religiosos y a la Fiscalía, sin que hasta el momento se haya dado una solución al conflicto.
“Siempre nos dicen que se va a arreglar, pero desde el 15 de septiembre de 2024 hasta la fecha no nos han resuelto nada”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado directo al gobernador del estado para que intervenga en el caso, ya que el municipio de Ixtapa no ha dado atención a sus quejas. Advirtió que la suspensión de servicios básicos está afectando gravemente a niñas, niños, personas adultas mayores y recién nacidos.
“Lo único que queremos es justicia. Tenemos pruebas, papeles, audios y videos. Estamos sin agua y sin luz, y tememos por nuestra seguridad”, expresó.
