Los amparos promovidos de estos hampones están registrados por el Poder Judicial de la Federación, por lo que la defensa de las víctimas cree ya no procederán.
Enrique Buenrostro / Diario de Chiapas
En los últimos seis años, el Cártel Inmobiliario con sus fraudes se llenó los bolsillos de dinero que robó a cada una de las familias que confiaron en ellos para tener un patrimonio.
Con este dinero, han ido tejiendo una red en el interior de instancias gubernamentales de las cuales les han ayudado a retrasar audiencias, a buscar amparos que se sacaban de la chistera o les pasan el famoso ‘pitazo’ para desaparecer.
Un claro ejemplo de ello es lo que sucedió en 2017 y 2018 cuando los jueces en el estado desestimaron la demanda penal de Rosario Gómez porque según ellos era un caso civil, lo que provocó que la defensa de la afectada buscara apoyo en instancias superiores.
En palabras del defensor, el análisis que realizó el Tribunal Colegiado, reconoció un vicio y que se trata de un delito de fraude que incluso, por la forma en la que se cometió en el que actuaron varias personas; este delito alcanza una pena privativa de la libertad en calidad de presión preventiva oficiosa.
“El Tribunal Colegiado hace el análisis de porqué no es un asunto civil, porqué es un asunto penal, aun cuando descanse en un contrato; aquí lo que se analiza es el dolo con el que se actúa, ellos (los defraudadores) hablan y reconocen de alguna manera que hay un dolo civil, pero el Tribunal Colegiado concluyó que es un dolo pena”, señaló el abogado Jorge Cuevas.
El Tribunal Colegiado llegó a esta conclusión porque desde que se hizo la operación de la compra del terreno en el caso de Rosario Gómez, los integrantes del cártel inmobiliario nunca demostraron, ni tuvieron la intención de pagar el valor de la operación.
“El delito ya no tiene más que analizarse ni profundizarse, ya que un juzgado federal de rango mayor, ya dijo que existe delito; es decir, por más pruebas que puedan agregar a su defensa, no creo que puedan desvirtuar”.
La mayor parte de las anomalías de las que se quejan las víctimas vienen del Tribunal Superior de Justicia del estado en donde el Magistrado Presidente Guillermo Ramos Pérez, es su titular.
“Tuvimos un encuentro extra oficial, fue un asesor quien nos atendió, no recuerdo el nombre; nos recibió a cuatro o cinco víctimas y nos decía por ejemplo en tu caso yo haría esto, a mí me aconsejó que me podía ir por una nulidad de escrituración, el asunto es que al irme yo por esa nulidad, hay 91 personas en ese fraccionamiento que compraron de buena fe”, explicó Rosario Gómez, víctima de fraude.
Dijo que la idea del asesor fue de buscar que las 91 personas que tienen su casa en ese fraccionamiento sean las que pagaran el terreno, dejando sin ningún problema a la banda de estafadores, es decir, el asesor aconsejó algo que protege al cártel inmobiliario.
“Yo no tengo nada contra las personas que compraron ahí de buena fe; porque aquí hay que ver quién cometió realmente ese delito, las personas que viven ahí ya pagaron ya dieron su dinero, pero realmente ver ahí quien cometió el delito porque no solamente no pagaron el terreno de inicio, hay casas doblemente vendidas, hay una financiera que dice que tampoco le han pagado”.
Hasta la fecha, dijo, estos hampones y su abogado, Antonio Flores ha dicho en plena audiencia que esto se trata de un tema civil y no penal; cuando está bien demostrado que este delito se ha hecho con dolo y a personas de la tercera edad.
“El Poder Judicial se acercaron a mí en esta semana para darme una cita, porque nos van a recibir a dos víctimas, cuando nosotros firmamos más de 10 a 12 personas este documento, yo solicité en nombre del grupo que somos muchas víctimas, solicitamos una audiencia con el gobernador del estado, donde estamos pidiendo ser escuchados”.
Señaló que, en esta petición al gobernador, se le explica que el fiscal general, Olaf Gómez, recibió a todas las víctimas siendo una Fiscalía de puertas abiertas; pero no así el Tribunal Superior de Justicia del estado.
“Ni siquiera nos pueden dar un salón para recibirnos a la mitad de las víctimas, por lo menos, ellos nos hablan que por pandemia, la pandemia ya pasó, no engañemos con que no podemos recibir a las víctimas porque no hay espacio, cuando se quiere se busca”.
Explica que el Tribunal Superior de Justicia no tiene ese acercamiento al conjunto de víctimas ni les da la certidumbre de poder aplicarles justicia; “no estamos pidiendo que trabajen a nuestro favor, queremos que sea de la forma legal, una impartición de justicia justa y sobre todo que sea pronta y expedita, porque te la ponen demasiado separadas las audiencias”.
A pesar del daño, ha habido personas que han querido solo que se les devuelva el dinero, como al Dr. Miguel Ángel Vázquez López, pero solo se encontró con promesas falsas y más atrasos para su audiencia.
“Justamente cuando ya teníamos la fecha para la audiencia inicial, que iba a llevarse a cabo en el mes de septiembre, poquito antes, unos días antes nos contactan para ofrecernos un acuerdo que reparar el daño a través del pago, solicitan ellos (los defraudadores) una fecha a través de la Fiscalía de Mecanismos Alternativos”.
Ahora la situación ha cambiado y el alargamiento con artimañas no está dando resultados.
“Apenas nos acaban de notificar un nuevo amparo del señor Gustavo Adolfo Flores y ese amparo, en el ámbito de nosotros consideramos que no procede, que lo van a sobreseer porque se está amparando contra una orden de aprehensión que libró el juez de control, pero esa orden de aprehensión que libró, ese incumplimiento a una ejecutoria de amparo que ya había tramitado Gustavo”, señaló Jorge Cuevas.
La ley de amparo es muy clara al señalar que los amparos tienden a sobreseerse cuando lo que está combatiendo actualmente, es derivado de un cumplimiento de una ejecutoria de amparo.
Los hampones han estado promoviendo amparos tras amparos con los mismos argumentos, sin embargo, esto ya fue detectado, ya que en el Poder Judicial de la Federación concentran todos los amparos que se han promovido en cualquier parte del país, conjuntándolos.
Por esta razón es importante que la ciudadanía que ha sido estafada por estos hampones realice sus denuncias para que la justicia caiga sobre ellos y que las víctimas puedan recuperar sus bienes.
“Exhortar a la ciudadanía que se asesore de un abogado en este tipo de acciones, porque el fraude descansa en el engaño, y precisamente en eso es en lo que trabajamos, analizamos y tratamos de proteger cuando hacemos un contrato o celebramos un acto con alguna persona”.
Para mañana…
La recapitulación del proceso de Viviana y el desapego de Gustavo para con su familia.
