Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
San Cristóbal de Las Casas y esta ciudad fueron el escenario de dos movilizaciones, en las que participaron organizaciones civiles y religiosas, cuyo objetivo es la pacificación de la entidad.
Este sábado, en un contexto de asesinatos y hechos de violencia que han ocurrido en las últimas semanas, el más reciente ocurrido la madrugada de ayer en San Cristóbal de Las Casas, en donde fue asesinado Mateo Maranatha y su esposa, los integrantes de este movimiento apelaron al gobierno estatal y federal para que escuchen el clamor de los habitantes de las comunidades donde el crimen organizado es un azote constante.
En Tuxtla Gutiérrez esta marcha llegó al Parque Central, lugar en el que hicieron un pronunciamiento por la paz y la seguridad pública, recordando que tuvieron que salir a las calles para “hacer que se escuche el dolor, la angustia de nuestro pueblo pero también celebrar la esperanza, el reclamo y la propuesta para los tiempos que nos han tocado vivir”.
Uno de los expositores, que pidió reservar su identidad por seguridad, comentó que hay un contexto económico y social muy agresivo para la mayoría de los pueblos en Chiapas.
“Un contexto en el que la pobreza, la opresión y la explotación son violencia social que en sí, engendran violencia física, violencia criminal, violencia cultural y violencia ambiental”.
Las dinámicas sociales generadoras de violencia son la opresión, la explotación, la discriminación y la exclusión, todas ellas exacerbadas por la necia ambición de la ganancia, la imposición política antidemocrática y el desprecio a los demás, agregó.
Además, señaló que la desigualdad es notoria en el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a servicios básicos, a la recreación y a un medio ambiente sano, condiciones que hoy favorecen la descomposición social y la vulnerabilidad de las juventudes ante las ofertas de los criminales.
Otro expresó que “la tendencia a una violencia criminal, se ha recrudecido en Chiapas y las autoridades no han podido detener la inseguridad para las personas en nuestro territorio. De esta manera nuestros derechos, de por si lesionados históricamente, se encuentran hoy mayormente agredidos y en riesgo”.
El Estado mexicano tiene aquí una falla, porque las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y eso no está pasando en cientos de localidades del estado, enfatizó.
Los participantes en ambas marchas se unieron en una opinión: “El mensaje que estamos dando no queda solo en un reclamo justo al gobierno y a las instituciones, también es un llamado a retomar como individuos, como familias y como comunidades la reconstrucción de tejidos sociales a través de la acción popular, ciudadana de defensa de lo que nos corresponde.
Pensando en las personas, las familias y las comunidades de esta y las próximas generaciones urge unir nuestros esfuerzos por la construcción en Chiapas de una sociedad más humana, fraterna, sin odio y sin deseo de venganza”.
