Más de dos décadas de impunidad: Frayba

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
A más de dos décadas de la masacre ocurrida en el municipio indígena de Acteal, la organización defensora de los derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que la administración federal sigue fracasando en temas de seguridad y justicia social.
El gobierno federal actual no atinó a responder el reclamo de las comunidades indígenas, y mucho menos a cambiar las condiciones que rodearon la masacre ocurrida hace 26 años.
De acuerdo con el Frayba, el gobierno de López Obrador también ha sido un obstáculo para encontrar la justicia, en cambio “ha promovido la división comunitaria a través de proyectos gubernamentales, que representan la continuidad de la contrainsurgencia bajo formas de manipulación y cooptación. Han optado por abrazar, empoderar y premiar al poder militar y les han otorgado un perdón implícito por la violencia política desatada en la década de los noventa”, señaló en su más reciente comunicado.
Este organismo defensor destaca que está clara “la falta de voluntad del Estado mexicano para avanzar en acciones de justicia para castigar a los perpetradores de los crímenes del pasado. Los responsables siguen impunes. Esto es una muestra de la postura negacionista y la apuesta al olvido y la apatía”.
A 26 años de este sangriento suceso, señalaron que los responsables en el momento de la masacre fueron: el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; el Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el Secretario de la Defensa Nacional, General Enrique Cervantes Aguirre quien incluso fue condecorado por el Presidente de la República el pasado octubre de este año el Gobernador de Chiapas, Julio Cesar Ruiz Ferro; el Secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani; el Subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, y el Presidente Municipal de Chenalhó, Jacinto Arias, entre otros tantos funcionarios implicados.
“Ahora estamos inmersos en una espiral de violencia que confluye e involucra a los procesos históricos de exigencia de justicia. Las circunstancias son críticas en todo el estado de Chiapas. Sobresale la crisis de violencia en la zona fronteriza, cuya situación genera graves violaciones a los derechos humanos como desplazamientos forzados, desapariciones de personas, asesinatos, extorsiones, torturas, secuestros, control de población, comunidades y municipios silenciados. Todo lo anterior en medio de un proceso electoral que agudiza más la violencia en los territorios”, alertó el Frayba.