– Colectivos feministas advierten que, pese a la despenalización del aborto, persiste el desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos en el estado
Karla García/ Diario de Chiapas
A casi un año de la despenalización del aborto en Chiapas, organizaciones feministas advirtieron que el principal reto sigue siendo la falta de información y educación sobre los derechos sexuales y reproductivos de niñas y adolescentes, lo que impide el ejercicio pleno de esos derechos en el estado.
Alejandra Muñoz, representante de la Red por la Justicia Reproductiva e integrante de la Red de Aborto Libre Chiapas, destacó la necesidad de implementar campañas públicas y masivas que expliquen el contenido de las leyes y los mecanismos de acceso a los servicios de salud sexual. “Muchas niñas y adolescentes aún desconocen que tienen derecho a decidir, especialmente cuando son víctimas de violencia sexual. La información es clave para que puedan ejercer ese derecho sin miedo ni prejuicios”, afirmó.
Muñoz señaló que, pese a los avances legislativos, en Chiapas prevalecen barreras institucionales y culturales que obstaculizan el acceso a la interrupción legal del embarazo. “Desde el 26 de noviembre del año pasado el aborto está despenalizado, pero en la práctica no se garantiza. En Tuxtla no hay clínicas que realicen el procedimiento de manera segura, y en los servicios públicos de salud, como IMSS Bienestar, IMSS Ordinario o el ISSTECH, todavía hay resistencia del personal para atender estos casos”, explicó.
La activista subrayó que la reciente reforma al Código Penal, que garantiza el derecho de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual a interrumpir un embarazo sin necesidad de denuncia previa, debe ir acompañada de una estrategia de difusión y sensibilización. “No basta con cambiar las leyes; hay que asegurarse de que las personas sepan que estos derechos existen y cómo ejercerlos”, indicó.
Asimismo, hizo un llamado a que instituciones como la Secretaría de Igualdad de Género y los DIF estatal y municipales se sumen a la tarea de informar y acompañar a las niñas que enfrentan embarazos forzados. “Una niña embarazada es, en la mayoría de los casos, una niña violentada. El Estado debe garantizarle atención médica, psicológica y la posibilidad de decidir sobre su futuro”, señaló.
Finalmente, Muñoz consideró que el combate al embarazo infantil requiere una acción interinstitucional y social más amplia. “Las penas contra los agresores son necesarias, pero insuficientes. Necesitamos educación, prevención y servicios accesibles que permitan a las niñas y adolescentes vivir con dignidad y autonomía”; dijo.
