Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
En la ruta migratoria por México, más del 60% de la población en movilidad humana es víctima de algún delito lo que orilla a muchas personas a recurrir a traficantes para facilitar el cruce, pagando hasta 6 mil dólares para llegar a la frontera norte y 15 mil dólares para llegar a Estados Unidos.
“Observamos con preocupación el resultado de diversas negociaciones y acuerdos entre Estados Unidos y México bajo la administración Biden”.
La sociedad civil, durante la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, solicitaron poner fin al Título 42, así como establecer un programa que permita que todas las personas que estuvieron bajo MPP (Protocolo de protección a migrantes) tengan la oportunidad de seguir sus casos desde los Estados Unidos.
De acuerdo a organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como Imumi, Fray Matías de Córdova, Odas, Cafami, por mencionar algunas, la gran parte de las violaciones antes mencionadas se podrían evitar si las personas tuvieran una forma regular de estar en México, “trabajar y tomar decisiones sobre sus próximos pasos”.
Explicaron que existen en la Ley de Migración las posibilidades de solicitar visas de trabajo y familiares desde los consulados mexicanos en Centroamérica, “pero el gobierno mexicano no lo va a implementar porque cree que causaría mayores flujos cruzando hacia los Estados Unidos –se subordina la política migratoria mexicana a las peticiones estadounidenses”.
A pesar de que las personas con necesidades de protección huyen de la violencia, acaban pagando mucho más que lo que invierte una familia estadounidense que viene a México de vacaciones. “Aparte del dinero, pagan con sus vidas, con su integridad física y con su salud mental. Es inconcebible, violatorio de derechos, inmoral, y un uso ineficiente de recursos ya que es el crimen organizado y las autoridades coludidas las que salen ganando con estas acciones”.
