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Ainer González / Diario de Chiapas
Los productos “chatarra” que se ofrecen fuera y dentro de las escuelas, están afectando la salud y el bienestar de las y los niños en México.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), dio a conocer que los ambientes obesogénicos que se crean a partir de la venta de refrescos y alimentos procesados en las escuelas del país, afectan el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes.
La directora de REDIM resaltó que es una irresponsabilidad y negligencia que los centros de educación pública y privada continúen incentivando la compra de estos productos a partir de la promoción de estos en espacios donde niños y niñas se van formando.
Por lo anterior, indicó que es por eso que pedirán a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se formalice la iniciativa de que las escuelas del nivel de educación básica lleven una materia de “Vida saludable”, esto con el fin de que se haga conciencia entre lo que se enseña en las aulas y lo que pasa en los alrededores de las escuelas.
La también integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria consideró que de continuar esta tendencia de comercialización, se espera que el número de personas con obesidad y sobrepeso aumente en el país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), México ocupa el quinto lugar de obesidad en el mundo, donde 21 millones de mujeres y 15 millones de hombres padecen obesidad, aunque se estima que para 2030, el 36.8 por ciento de las personas del país tengan obesidad lo que equivale a más de 35 millones de adultos para la siguiente década.
Lo anterior toma mayor relevancia a lo alertado por la organización “El poder del consumidor”, quien desde el 2018 presentó el documento “La tragedia oculta de la epidemia. Obesidad, industria alimentaria y conflicto de interés”, en el que indica las estrategias que siguen fomentando las corporaciones de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas para bloquear las políticas públicas que buscan prevenir la obesidad y la diabetes en el país.
El documento de la organización defiende el impuesto contra las bebidas azucaradas, rechaza la permanencia de comida chatarra en las escuelas y expone cómo las empresas mandan a hacer estudios que les convengan para la venta de sus productos.
En sus conclusiones, señala que “el gobierno, las fundaciones y otras instituciones deben trabajar para la regulación y no para la colaboración. La realidad muestra que las empresas no están interesadas en contribuir a enfrentar la epidemia de obesidad y diabetes a la que han contribuido de manera significativa. Es contundente la evidencia existente que demuestra que la gran industria de alimentos y bebidas actúa, a través de su enorme poder económico y político, para negar su responsabilidad en el deterioro de la salud de la población y para bloquear las políticas y regulaciones recomendadas para combatir la epidemia de obesidad y de diabetes”.

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