María Magdalena Vila Domínguez destacó que se busque endurecer las sanciones contra quienes ejerzan violencia política en razón de género.
Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas
La Consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, María Magdalena Vila Domínguez, destacó la trascendencia de una iniciativa de reforma electoral leída en el Congreso del Estado, la cual busca endurecer las sanciones contra quienes ejerzan violencia política en razón de género.
De acuerdo con la funcionaria, esta propuesta representa un avance fundamental para la democracia local, ya que contempla la anulación de un proceso electoral en caso de que se comprueben actos de agresión hacia las candidatas, garantizando un entorno seguro para las mujeres que participan en la vida pública.
Vila Domínguez detalló que la reforma no solo se limita a la invalidación de los comicios, sino que establece la inhabilitación de las personas que resulten responsables de estos actos, impidiéndoles su registro formal en la contienda.
La consejera subrayó que este tipo de medidas restrictivas ya cuentan con precedentes firmes en otras entidades de la República, como los estados de Guerrero y el Estado de México, donde las autoridades electorales han intervenido con firmeza para sentar un precedente y frenar conductas que vulneran los derechos político-electorales femeninos.
Al ser cuestionada sobre el riesgo de simulación en las candidaturas, un fenómeno conocido como el de “Las Juanitas”, donde se registra a mujeres para cumplir con las cuotas obligatorias y luego son reemplazadas por hombres, la consejera calificó las propuestas legales actuales como de vanguardia.
Sin embargo, reconoció que aún es necesario dar un paso firme en el ámbito social para que las postulaciones femeninas sean auténticas y no por mera conveniencia o requisito, señalando la brecha existente entre los avances legislativos y la asimilación cultural de la paridad. Finalmente, la integrante del Poder Judicial aseguró que, en caso de presentarse situaciones de simulación o fraude a la ley, la entidad cuenta con los mecanismos jurídicos y las herramientas institucionales necesarias para combatir y sancionar de manera estricta estas conductas
