Tres décadas después de la firma de los Acuerdos de San Andrés, organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos y colectivos sociales sostienen que los principales compromisos pactados entre el Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) continúan sin cumplirse.
Mientras el Estado destaca reformas constitucionales en materia indígena impulsadas durante los últimos años, pueblos originarios y organizaciones afirman que siguen pendientes el reconocimiento pleno de la autonomía, los derechos territoriales y la libre determinación.
A 30 años de aquel proceso de diálogo, los acuerdos permanecen como uno de los temas centrales en la discusión sobre los derechos de los pueblos indígenas en México.
La conmemoración coincidió con pronunciamientos que vinculan las demandas históricas de San Andrés con las actuales luchas por la defensa del territorio y los recursos naturales.
Ainer González / Diario de Chiapas
El 16 de febrero de 1996, representantes del Gobierno federal y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional firmaron en San Andrés Larráinzar una serie de acuerdos que buscaban sentar las bases para resolver el conflicto armado iniciado en Chiapas dos años antes.
El documento, conocido como Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, planteó el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, su derecho a la libre determinación, la autonomía, el acceso a sus territorios y una mayor participación política dentro de la vida nacional.
Entre los principales compromisos figuraban el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho, la ampliación de su participación en las decisiones públicas y el respeto a sus formas de organización social, política y cultural.
Los acuerdos también abordaban el acceso y control sobre los territorios ancestrales, así como mecanismos para reducir las condiciones de exclusión que históricamente han enfrentado las comunidades indígenas.
La ruptura
Sin embargo, tres décadas después, organizaciones indígenas y organismos defensores de derechos humanos consideran que gran parte de esos compromisos permanecen pendientes.
En un pronunciamiento conjunto difundido con motivo del trigésimo aniversario de los acuerdos, colectivos nacionales e internacionales señalaron que la palabra empeñada por el Estado mexicano continúa sin materializarse plenamente.
Entre las organizaciones firmantes figuran la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Lumaltik-Herriak, Antsetik Ts’unun y diversas agrupaciones comunitarias.
La reforma de 2001
Para estos colectivos, la principal deuda histórica radica en la falta de reconocimiento integral de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Recordaron que, en 2001 durante la discusión de la reforma constitucional en materia indígena, el EZLN manifestó públicamente que los cambios aprobados por el Congreso de la Unión no reflejaban lo pactado en San Andrés.
Aquella reforma marcó uno de los momentos más controvertidos del proceso, debido a que diversos sectores indígenas consideraron que los alcances aprobados quedaron por debajo de los acuerdos originales.
Desde entonces, el movimiento zapatista optó por fortalecer sus propios mecanismos de organización y gobierno comunitario.
Durante estas tres décadas surgieron municipios autónomos, juntas de buen gobierno, sistemas comunitarios de educación, salud y producción, estructuras que operan paralelamente a las instituciones gubernamentales.
Los firmantes del pronunciamiento sostienen que estas experiencias representan la construcción de autonomías de hecho ante la ausencia de un reconocimiento jurídico pleno por parte del Estado.
Reformas y pendientes
Asimismo, consideran que las reformas constitucionales aprobadas en 2019 y 2024 tampoco incorporaron aspectos centrales contenidos en los acuerdos originales.
Entre los temas señalados se encuentran el reconocimiento efectivo de los territorios indígenas, el control sobre los bienes comunes y el ejercicio pleno de la libre determinación.
La discusión permanece vigente en un contexto marcado por proyectos de infraestructura, aprovechamiento de recursos naturales y disputas territoriales en diversas regiones indígenas del país.
La defensa del territorio
Las organizaciones vincularon además estas demandas con casos recientes de defensa comunitaria del territorio, entre ellos el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, ocurrido en Morelos en 2019.
Para los colectivos, la lucha emprendida por Flores comparte los principios que dieron origen a las negociaciones de San Andrés: la defensa de la tierra, los recursos comunitarios y la autodeterminación de los pueblos.
Treinta años después
Mientras tanto, los acuerdos firmados hace 30 años continúan siendo referencia obligada en el debate nacional sobre los derechos indígenas.
Para unos representan un compromiso histórico aún pendiente de concretarse; para otros, un proceso que derivó en avances parciales dentro del marco constitucional mexicano.
Lo cierto es que, tres décadas después de aquellas negociaciones celebradas en los Altos de Chiapas, las demandas sobre autonomía, territorio, cultura y libre determinación siguen formando parte de la agenda de los pueblos originarios del país.
A treinta años de distancia, San Andrés continúa siendo un punto de referencia para entender la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, así como los alcances y límites de uno de los procesos de diálogo más relevantes de la historia contemporánea de México.
