Se “estancan” ingresos informales

Ainer González/ Diario de Chiapas
En México, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), existe una gran brecha en el ingreso laboral promedio entre las personas que trabajan en la formalidad y aquellas que trabajan en la informalidad. De acuerdo con el Coneval, una persona empleada en la formalidad percibe un sueldo promedio mensual de 9 mil 553.94 pesos, mientras que una persona empleada en la informalidad gana un promedio mensual de 4 mil 790.76 pesos. Esto significa que quienes trabajan en la informalidad ganan un 50.14% menos que aquellos que trabajan en empleos formales.
“En el primer trimestre de 2023, las personas empleadas en trabajos formales reportaron un ingreso laboral mensual de 9,553.94 pesos, el doble que las personas empleadas en trabajos informales (4,790.76 pesos). En cuanto a la variación entre el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023, el ingreso laboral real mensual de las personas empleadas en trabajos formales aumentó un 5.2%, mientras que las personas empleadas en trabajos informales mostraron un incremento mayor del 6.0%”, puntualiza el Coneval.
Esta brecha salarial está estrechamente relacionada con el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), que es un indicador que permite dar seguimiento trimestralmente a la evolución del ingreso laboral y su relación con el costo de la canasta alimentaria, es decir, para obtener el porcentaje de pobreza laboral.
En este contexto, el Coneval menciona que tres estados federativos presentaron un mayor aumento en la pobreza laboral durante el primer trimestre de 2023: Campeche y Michoacán con un aumento de 3.8 puntos porcentuales, Nayarit con 3.6 puntos porcentuales y Chiapas con 1.9 puntos porcentuales.
Además de la brecha salarial, el Coneval destaca que la población que trabaja en la informalidad no tiene acceso a servicios de salud a través de su empleo, lo que se refleja en el aumento del número de personas ocupadas sin acceso a servicios de salud. “Más de la mitad de las personas empleadas no cuentan con acceso a servicios médicos como prestación laboral, y en caso de necesitar atención en una institución pública, tendrían que utilizar su ingreso o ahorros para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad. En el último mes, el número de personas ocupadas sin acceso a servicios de salud aumentó en 3.0 millones. Esta información resalta la importancia de enfocar acciones dirigidas a este grupo poblacional para mitigar los impactos negativos en sus ingresos asociados a situaciones de salud, como consecuencia de la pandemia de COVID-19”, detalla el organismo público.