El diputado explicó que uno de los propósitos de la reforma aprobada esta semana por la 69 Legislatura es que solo operen quienes cuentan con facultades legales para prestar servicios de seguridad privada
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El diputado local por Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, consideró que la reciente regulación de los servicios de seguridad privada, aprobada por el Congreso del Estado de Chiapas, representa un paso fundamental para es-tablecer lineamientos claros a quienes prestan estos servicios, así como para brindar certeza a la ciudadanía sobre las personas y empresas formalmente autorizadas.
El legislador destacó que la seguridad privada cumple una función sustancial en la sociedad, dado que un número creciente de comercios y empresas recurre a este tipo de protección. Por ello, enfatizó la importancia de que las compañías del ramo cuenten con licencias vigentes y cumplan cabalmente con las normativas legales.
“La seguridad privada cumple una función muy importante. Hoy en día, cada vez más empresas y comercios hacen uso de sus servicios; por eso es necesario que estén bien reguladas y que sus autorizaciones se encuentren vigen-tes”, expresó.
Camacho Velasco estimó que, ante la alta demanda de contratación —incluso por parte de particulares para su resguardo personal—, es indispensable que los prestadores se apeguen estrictamente a los criterios fijados en la ley.
En ese sentido, advirtió que la operación de empresas o personal sin la debida supervisión genera riesgos directos para la población. Asimismo, señaló que el uso indebido de uniformes, insignias o equipo táctico que simule el de las corporaciones policiales atenta contra la confianza pública.
“Cuando operan al margen de la ley, sin supervisión ni autorización, se generan riesgos para la población. De igual forma, cuando utilizan uniformes, insignias o equipo táctico que llega a confundirse con el de las corporaciones policiacas, se pone en peligro la confianza ciudadana”, aseveró.
El legislador explicó que uno de los objetivos centrales de la reforma aprobada esta semana por la LXIX Legislatura es garantizar que únicamente operen las firmas legalmente facultadas.
Finalmente, hizo un llamado a evitar la prestación clandestina de estos servicios y recordó que el marco legal san-ciona severamente las omisiones. Las modificaciones contemplan penas de hasta cinco años de prisión para los infractores y la clausura definitiva para las empresas que contraten personal sin los requisitos de formación exigi-dos, endureciendo las medidas en caso de usurpación de la imagen institucional de las fuerzas policiales o armadas.
