Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) recordó que el Estado mexicano mantiene una deuda histórica de justicia por el asesinato del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López, ocurrido hace cinco años.
El organismo señaló que el activista de origen maya tsotsil se ha convertido en el doloroso reflejo de la violencia y la creciente presencia de la delincuencia organizada en la región de los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de Pantelhó.
Como integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López mantuvo un compromiso permanente y pacífico con la defensa de la tierra y el territorio.
Su resistencia organizada frente a las múltiples violencias que asedian a los pueblos originarios terminó abruptamente el 5 de julio de 2021, cuando fue víctima de una ejecución extrajudicial.
A un lustro de los hechos, el Frayba denunció que las autoridades no han investigado a los autores intelectuales que planificaron y ordenaron el crimen, una omisión que alimenta la impunidad y se traduce en una forma de violencia institucional.
Esta falta de resultados, advirtió el centro, profundiza el dolor de los familiares, debilita la confianza en las instituciones del Estado y envía el peligroso mensaje de que se puede atentar contra los activistas sin enfrentar consecuencias legales.
Para el organismo civil, el asesinato de Simón Pedro no es un hecho aislado, sino un ataque directo hacia la organización comunitaria y los procesos colectivos de derechos humanos. Se trata de un intento explícito de sembrar miedo para inhibir la defensa del territorio, frenar la libre determinación de los pueblos y castigar el ejercicio legítimo de su autonomía.
La presión en contra de los activistas se ha intensificado drásticamente en los últimos años; prueba de ello es que, tan solo entre enero y abril de 2026, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas registró un total de 41 agresiones.
El monitoreo destaca que las personas más afectadas por esta ola de violencia son aquellas que luchan por el acceso a la justicia, la protección de la tierra y el territorio, así como las que defienden los derechos de las mujeres en la entidad.
