Janet Hernández / San Cristóbal de Las Casas
El obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez, dijo que no ha tenido ninguna información oficial de parte de la Fiscalía sobre el caso del asesinato del Padre Marcelo, “tenemos paciencia y esperamos que se haga una investigación cuidadosa conforme a la verdad y justicia”.
Mientras que el padre José Filiberto Velázquez Florencio, del Centro Minerva Bello de Chilpancingo Guerrero, informó que el caso está en la etapa de investigación complementaria, en donde una persona ha sido vinculada a proceso y hay dos órdenes de aprehensión sin ejecutar, aseguró
“Sabemos quiénes son, pero no podemos revelar el nombre, esperamos que la Fiscalía pro retome las investigaciones y las órdenes de aprehensión sean ejecutadas desde un juez federal”.
Denunció que han sido hostigados durante el proceso de recolección de pruebas en especial de video, “intentaron acceder a un vehículo de unos de los abogados en Tuxtla Gutiérrez, es un acto de intimidación, no sabemos de quien, se está trabajando con el mecanismo de protección a defensores y periodistas, estarán unos días en San Cristóbal para analizar el caso de la familia del padre para que puedan tener protección, así como de las personas que trabajaban con él”.
Indicó que se han entrevistado con otras personas cercanas al párroco Marcelo, por lo que surgen varias líneas de investigación, enfatizando que se debe respetar el debido proceso para poder llegar hasta los autores intelectuales del asesinato.
Por su parte, Miguel Ángel Montoya, responsable de la Vicaría de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal, dijo que a partir del asesinato del párroco ha sido complicado ejercer la labor en la Diócesis de esta ciudad, ya que se ha reportado mucha movilización de personas con los rostros cubiertos en vehículos y motocicletas, lo cual es un preocupante.
“Es un fuerte riesgo ejercer la labor, el nivel de inseguridad en San Cristóbal y Chiapas se ha incrementado y no solo para quienes ejercen una labor ministerial sino para todos los que vivimos acá, estamos en riesgo, la invitación es un llamado a las autoridades del estado y federal para que puedan ofrecer una garantía de seguridad no solo para la iglesia sino para todos los habitantes”.










