El aún titular de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Limber García Zapata, es acusado de presuntamente desviar fondos del sector salud, para construir y desarrollar un complejo médico privado con aparatos que ni las mismas clínicas de la Secretaría de Salud cuentan. Personal de la dependencia consideran que todo ello se dio bajó la anuencia del ex secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, quien ahora “goza” de fuero constitucional al ocupar un escaño en el Senado de la República.
Ainer González / Diario de Chiapas
“Lo que de noche se hace, a la mañana parece”, es el caso del –probable y descarado– desfalco de recursos públicos que realizó el doctor Limber del Carmen García Zapata, director de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Dipris) de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas (SS), quien durante los últimos seis años destinó millones de pesos para una de las clínicas privadas de atención especializada en rehabilitación con los equipos más sofisticados de todo el estado.
De acuerdo a una investigación a la que tuvo acceso Diario Media Group, el –aún– funcionario de la Secretaría de Salud se encuentra bajo el escrutinio público, luego de revelarse que García Zapata presuntamente desvió recursos en la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, misma que encabezó durante el periodo 2018-2024.
Este caso, involucra la construcción y equipamiento de la clínica privada de rehabilitación Vidanza, ubicada en el Boulevard Belisario Domínguez #828, en Tuxtla Gutiérrez, que es dirigida –presuntamente– por el propio funcionario.
Vidanza es una clínica particular que, se presenta (en redes y página de internet) como un centro de vanguardia en fisioterapia y rehabilitación, que ofrece tratamientos de última generación como descompresión espinal, electroterapia, y manejo integral del dolor crónico, utilizando equipos médicos avanzados que destacan por su sofisticación.
Sin embargo, especialistas en medicina que agrupan el Colegio de Médicos chiapanecos han cuestionado el origen de los fondos empleados para su desarrollo, pues denuncian que estos podrían derivar de recursos públicos de la Secretaría durante la gestión del ex secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos.
ACUSACIONES Y OMISIONES ADMINISTRATIVAS
La investigación indica que, Limber García Zapata, habría auto-aprobado diversas partidas presupuestales para otorgar licencias sanitarias y reconversiones de clínicas públicas durante la pandemia de COVID-19, de las cuales muchas no cumplían con la normativa de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Este presunto esquema de corrupción, habría involucrado una suma superior a los 500 millones de pesos, parte de los cuales se habrían desviado en los intereses personales del funcionario, que hasta el día de mañana 07 de diciembre estaría siendo relegado de sus funciones por la nueva administración estatal.
Empero, el caso no termina ahí. Las acusaciones también incluyen actos de extorsión hacia propietarios de establecimientos de atención médica, así como a médicos especialistas certificados, a quienes se les habrían exigido “moches” para validar su documentación profesional. Los señalamientos, han generado indignación dentro del gremio, ya que se denuncia a García Zapata de priorizar intereses económicos personales, sobre la atención y especialización sanitaria en la entidad.
¿COMPLICIDAD DE JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS?
La investigación, también pone bajo la lupa al ex secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, por permitir y encubrir estas prácticas irregularidades durante su mandato. “Pepe Cruz”, ahora senador de la República goza de fuero constitucional, lo que le otorga inmunidad frente a posibles procedimientos legales; situación que ha tornado a diversas críticas por la presunta impunidad en la administración pública, y exigencias de justicia por parte de los sectores sociales más afectados.
Cabe recordar que, diversos colectivos y ciudadanos han demandado en diversas ocasiones una auditoría exhaustiva a los recursos ejercidos durante el mandato de Cruz Castellanos y una investigación profunda sobre el patrimonio de Limber García Zapata, ya que de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el funcionario no hubiera logrado cubrir el pago de aparatos médicos más modernos, ya que este percibía una remuneración mensual bruta de 151 mil 957 pesos con 23 centavos; aproximadamente 1 millón 800 mil pesos por año.
