Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
El sector formal de la masa y la tortilla en Chiapas manifestó su respaldo a las recientes políticas de ordenamiento del gobierno federal, advirtiendo que la proliferación de ventas irregulares y el comercio informal en motocicletas han generado una crisis de sostenibilidad para los establecimientos legalmente constituidos.
José Luis Gómez Aguilar, consejero de la organización Industriales de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”, señaló que, tras dos décadas de crecimiento desordenado, la industria enfrenta hoy un escenario de competencia desigual que compromete la viabilidad económica de quienes cumplen con las normativas fiscales y sanitarias.
De acuerdo con el representante sectorial, existe una brecha crítica entre los costos de producción y el precio de venta al público. Gómez Aguilar estimó que, bajo las condiciones actuales del mercado de insumos, el precio real del kilogramo de tortilla debería situarse en los 30 pesos para alcanzar un equilibrio financiero.
No obstante, subrayó que el sector ha decidido alinearse a la política de estabilidad de precios impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“La presidenta nos ha pedido que no aumentemos costos y estamos de acuerdo, entendemos su importancia en la mesa de las familias. Pero para sostener esto, es imperativo eliminar los elementos que crean competencia desleal”, afirmó.
Uno de los puntos de mayor fricción señalados por la organización es el reparto masivo en motocicletas. Gómez Aguilar denunció que muchos de estos vendedores operan de forma independiente, sin sujetarse a las normas de higiene ni a los controles económicos que rigen a las tortillerías establecidas.
En este sentido, dijo que los repartidores suelen ignorar las reglas de manejo de alimentos, y que al no tener costos fijos de local ni cargas fiscales, alteran el mercado local.
Recordó que si bien el sector está liberado, los empresarios aclaran que “libertad no significa anarquía”.
El consejero de “Somos Chiapas” reconoció un cambio de voluntad en las autoridades actuales, tanto a nivel federal como estatal, destacando que por primera vez se busca escuchar al sector formal en lugar de optar por la vía del cierre punitivo.
“Hasta ahora lo más fácil ha sido clausurar tortillerías; sin embargo, esta visión debe cambiar. Se debe poner atención en los que no cumplen con la ley y reconocer a quienes nos sumamos al Programa Nacional Maíz-Tortilla”, concluyó.
