Marco Alvarado / Diario de Chiapas
A pesar de los esfuerzos institucionales por revertir el atraso social en el sureste mexicano, las cifras oficiales de 2025 revelan que Chiapas se mantiene como la entidad con los índices de pobreza más agudos del país, con una afectación desproporcionada hacia las mujeres, particularmente aquellas pertenecientes a comunidades originarias.
De acuerdo con los informes más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la intersección entre género, etnia y carencia económica ha consolidado brechas que parecen inamovibles en las regiones de los Altos y la Selva.
El panorama financiero para las familias chiapanecas es crítico. El INEGI reportó que la pobreza laboral alcanza al 61.1 por ciento de la población. Esto implica que más de seis de cada diez chiapanecos perciben ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria.
Esta precariedad se agrava con la exclusión del sistema de bienestar. El 78.3 por ciento de las mujeres hablantes de una lengua indígena carecen de acceso a la seguridad social, una cifra que las deja en total vulnerabilidad frente a problemas de salud, accidentes o el retiro por vejez.
Si bien la administración estatal ha priorizado el combate al analfabetismo, el rezago educativo sigue siendo una barrera estructural para el empoderamiento femenino. Los datos a septiembre de 2025 contabilizan a más de 165 mil mujeres indígenas que no saben leer ni escribir.
La disparidad en la escolaridad promedio es una muestra clara de la desigualdad territorial, ya que en las zonas urbanas el promedio es de 10.2 años de estudio, en contraste, en las localidades indígenas es de 6.9 años de estudio, equivalente a primaria incompleta.
En materia de salud reproductiva, el estado no ha logrado saldar su deuda. La falta de servicios básicos en la vivienda sigue siendo el principal detonante de las tasas de mortalidad materna.
Aunque se registra una ligera disminución del 7.9 por ciento en el embarazo adolescente durante los últimos años, la incidencia de niñas y adolescentes que asumen la maternidad a temprana edad sigue siendo alarmante en municipios con alto rezago social, perpetuando ciclos de pobreza intergeneracional.
En el marco de las movilizaciones nacionales realizadas ayer, el reclamo por seguridad y justicia resonó con fuerza en la entidad. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que el 60 por ciento de las víctimas de violencia de género atendidas por la organización son mujeres de pueblos originarios.
Por su parte, el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas advirtió que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no ha logrado contener la crisis. Durante 2024 y 2025, se documentó un incremento sostenido en las denuncias por violencia familiar, evidenciando que los mecanismos de protección actuales resultan insuficientes ante la magnitud del fenómeno.
