Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El reciente anuncio del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, respecto a que Chiapas castigará de oficio el delito de extorsión no es un tema menor, como lo muestran las estadísticas de los últimos dos años.
Recientemente el mandatario apoyó la propuesta del gobierno federal, para que este delito se persiga de oficio, debido a los graves y profundos daños que provoca en sus víctimas y sus familias.
En la entidad, el Poder Legislativo aprobó un decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política en materia de extorsión, con alcances que finalmente podrían ser una respuesta de justicia para quienes lo han padecido.
Con este cambio, no sólo Chiapas es el primer estado en aprobar la reforma, es también un frente abierto contra un delito que, de acuerdo con los análisis de seguridad, es de los más recurrentes.
De hecho, Chiapas pertenece a un grupo de estados donde la extorsión fue señalada como el delito más recurrente en 2024.
También se le ubicó como el segundo más frecuente en 2023, según la Coparmex, además que fue el segundo delito más frecuente después de haber sido víctimas de algún delito.
En 2024 se estimó que la extorsión tuvo una tasa de dos mil 979 casos por cada 100 mil habitantes en Chiapas durante 2023, lo que representó un aumento del 13 por ciento respecto al año anterior y la más alta en el estado desde 2017.
Es importante señalar que la extorsión, al igual que otros delitos, presenta una alta cifra negra, delitos no denunciados o no investigados, que en el caso de Chiapas se ha estimado que es muy alta.
