Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
Migrantes originarias de Venezuela representan más del 50 por ciento de las personas contenidas en Tapachula, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.
La política de represión en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.
La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas que continúa con la política de contención, “ahora con agravantes sobre la criminalización y sobre la militarización del fenómeno migratorio”.
De acuerdo con la documentación del Centro, la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala, no tiene vigilancia y dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.
A pesar de los llamados internacionales para respetar los derechos humanos de la movilidad humana, las autoridades no proporcionan la información oportuna ni a extranjeros que buscan solicitar refugio, “buscan confundirlos”.
Mientras la oficina de regulación no tiene atención constante a los migrantes, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud, “qué hacen los solicitantes en ese tiempo, no tienen trabajo ni dónde vivir”.
Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio.
“Nos sustentamos en sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.
Las personas en movilidad contenidas en Tapachula enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.
“Periodistas en la nómina de INM, así como la cantidad de troles en las plataformas sociales, intensifican una campaña de odio en contra de los migrantes; los activistas y todo lo que tenga que ver con la migración, están criminalizando y creando una cultura del odio que debe ser penalizada”.
García Villagrán aseguró que mientras sucede la contención, el INM busca ser el héroe que ‘rescata’ a migrantes cuando la realidad es un presunto contubernio que tiene con el crimen organizado. Por ello, prevé que en unas semanas se forme una nueva caravana que salga desde Tapachula al norte del país.
Asimismo, organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana como Pueblo sin fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales.
En el caso de los venezolanos, Amnistía Internacional dirigió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, para externar la preocupación por la decisión del gobierno mexicano: “la mayoría de las personas venezolanas que huyen del país son personas refugiadas y tienen derecho a protección internacional”.
