- Pese a los esfuerzos legislativos por contener la violencia de género, el estado de Chiapas cierra un 2025 marcado por la brutalidad; con al menos 34 carpetas de investigación por feminicidio registradas oficialmente
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
Pese a los esfuerzos legislativos por contener la violencia de género, el estado de Chiapas cierra un 2025 marcado por la brutalidad.
Con al menos 34 carpetas de investigación por feminicidio registradas oficialmente, la entidad enfrenta el desafío de frenar una cifra que se aproxima peligrosamente a los registros de 2024, cuando colectivas feministas contabilizaron hasta 40 víctimas.
En respuesta a la emergencia, el Congreso del Estado impulsó este año reformas estructurales al Código Penal. Actualmente, el feminicidio se castiga con una pena base de 45 a 65 años de prisión. Sin embargo, la nueva normativa permite aplicar penas de hasta 100 años si concurren agravantes como el embarazo de la víctima, si esta es menor de edad o si el agresor es un servidor público.
Además de la reclusión, las sentencias incluyen multas de hasta mil días y la obligación de la reparación integral del daño, buscando una justicia más punitiva ante crímenes que han conmocionado a la opinión pública.
La violencia no se ha limitado a las zonas urbanas. Aunque la Alerta de Violencia de Género (AVG) permanece activa, municipios como Tuxtla Gutiérrez encabezan la lista de mayor incidencia.
No obstante, el mapa de la violencia se ha expandido a regiones fronterizas y rurales, destacando casos en Suchiate, Tapachula, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Simojovel e Ixtapa.
Un punto crítico ocurrió el pasado noviembre, cuando en tan sólo siete días se reportaron tres feminicidios en Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, evidenciando la vulnerabilidad de las mujeres incluso en zonas con vigilancia especial.
Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva de la 69 Legislatura, defendió que las cifras muestran una tendencia a la baja, aunque admitió que el castigo penal es solo una parte de la solución.
“Las políticas públicas deben atender las causas al mismo tiempo que desde el Poder Legislativo se modifican las sanciones”, señaló la legisladora, haciendo énfasis en la necesidad de procedimientos más ágiles para intervenir antes de que la violencia escale al asesinato.
Gómez Mendoza hizo un exhorto a la ciudadanía para formar un frente común, reconociendo que, más allá de las leyes, la erradicación de estas expresiones de violencia extrema requiere una transformación social profunda para proteger la vida de las chiapanecas.
