Alejandro Moreno*
El panorama político en México ha sido sacudido por la aprobación de reformas inconstitucionales por parte del partido en el poder, Morena, que busca tomar el control de las pensiones de los adultos mayores de 70 años. Esta medida ha generado preocupación y críticas generalizadas debido a su naturaleza de agandalle y sus impactos negativos en la seguridad financiera de una parte vulnerable de la población.
La iniciativa presidencial aprobada por Morena y aliados establece que los adultos mayores que no retiren sus fondos de pensiones serán considerados como renunciantes a sus derechos sobre esos recursos. En consecuencia, el gobierno se atribuiría la facultad de redistribuir esos fondos para financiar programas sociales y otros proyectos gubernamentales.
Sin embargo, esta medida plantea varias cuestiones constitucionales y legales fundamentales.
Los derechos a la propiedad y la seguridad social están protegidos por la Constitución Mexicana. Los adultos mayores tienen derecho a recibir sus pensiones como una forma de asegurar su bienestar y dignidad en la vejez. La confiscación de estos fondos sin consentimiento ni justificación vulnera estos derechos.
Cualquier medida que afecte los derechos fundamentales debe ser proporcionada y estar justificada por razones legítimas. La confiscación de pensiones sin el consentimiento explícito de los beneficiarios y sin una base sólida para dicha acción no cumple con este principio.
Las reformas propuestas plantean dudas sobre su conformidad con las leyes vigentes y los procedimientos establecidos. La modificación unilateral de las condiciones de las pensiones sin un proceso claro y transparente socava el estado de derecho y la confianza en las instituciones.
Además, esta reforma es un ejemplo más del agandalle con el que actúa el gobierno y su partido, al buscar consolidar su poder y control sobre los recursos públicos y privados.
Evidentemente, la reforma a siete leyes en materia de pensiones será llevada a través de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de que se examine a fondo su constitucionalidad y se evalúe su impacto potencial en los derechos fundamentales de los adultos mayores.
La pretensión de Morena para apoderarse de las pensiones de adultos mayores plantea serias preocupaciones sobre su constitucionalidad y su impacto en los derechos fundamentales. Es imperativo que se respeten los principios del estado de derecho y la protección de los derechos humanos en cualquier medida que afecte a esta población vulnerable.
*Presidente Nacional del PRI.
